Juan Guzmán G. / Quadratín
-Auditar a los sindicatos, indispensable-
-Pretenden descapitalizar al Infonavit-
Dueños de enormes ranchos, lujosas residencias, automóviles de ensueño y de relojes que llegan costar más de 100 mil dólares, como si ello les ayudará a detener el tiempo e impedir su envejecimiento, muchos dictadores sindicales mantienen sus inmerecidos niveles vida a costa de las contribuciones del pueblo que por las buenas o por las de a... fuerza tienen que cumplir con su obligaciones con Hacienda a pesar de no recibir mejores servicios a cambio.
Nos referimos a esos tiranos que durante décadas se han sostenido a base del terror, la represión, las amenazas y hasta la violencia física en las dirigencias de los gremios que mantienen relaciones laborales con empresas del sector público y/o secretarías de estado como el caso de Elba Esther Gordillo Morales, propietaria vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación o Carlos Romero Dschamps dueño del Sindicato Petrolero.
La lista se agranda con Víctor Fuentes del Villar, dictador por herencia del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) que recibe multimillonarias sumas por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Marco Antonio García Ayala, dueño del Sindicato de la Secretaría de Salud por regalo de su tío Joel Ayala Almeida quien ya se apropio de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al servicio del Estado (FSTSE).
Hay que destacar también al tirano que por más de 30 años ha estado al frente del Sindicato de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo, METRO, Fernando Espino Arévalo dueño, además, del restaurante el Asador del Bariloche en su natal Michoacán y a Manuel Álvarez Arana quien por más de 25 años ha mangoneado, y mal, los destinos del Sindicato Único de Trabajadores de Telégrafos de México al que dirige a ”control remoto” desde las paradisíacas playas de Cancún.
Sería titánico enumerar a quienes faltan pero las muestras son más que ilustrativas para hacernos la necesaria pregunta ¿por qué el gobierno federal y el local que encabeza el cara de demente Marcelo Ebrard Casaubond se abstienen de auditar a esos sindicatos que manejan evidentemente recursos del pueblo y que sólo han servido para enriquecer a una caterva de abusivos, depravados, ineficientes y mafiosos pseudodirigentes?
La autonomía sindical que pregonan los tiranos es una estúpida cortina de humo endeble, no sólo por su naturaleza volátil sino que también por su insostenible base jurídica. ¿Acaso los contribuyentes no tienen derecho a saber a dónde van a parar sus dineros que supuestamente deberían destinarse a una mejor educación, a una mayor riqueza petrolera, a un servicio de energía eléctrica sin tantos apagones, a un METRO seguro, limpio y no el desastre en que esta convertido?
Ahora que se habla de transparencia en la información, de rectitud electoral y de quien sabe cuantas más fantasías gubernamentales, sería un gran avance que los sindicatos, que reciben recursos por parte del Estado, sean auditados para impedir que los parias, así mismos llamados secretarios generales, vivan como jeques petroleros mientras que los trabajadores, a quienes supuestamente representan se debaten con sus familias en medio de penurias económicas y la desesperanza en el mañana.
En una democracia auténticamente representativa, el dinero del pueblo, cada peso, debe ser fiscalizado, su destino, ampliamente informado a la ciudadanía y la autonomía sólo debe ser respetada en aquellas instituciones como la UNAM que necesitan de una amplia libertad para hacer universal el conocimiento y alejarlo de cualquier intento de intolerancia y cooptación.
TIEMPO EXTRA
Existe la firme intención por parte del gobierno federal de descapitalizar al Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT). Ahora pretende quitarle el 4 por ciento del 5 que aportan los trabajadores para mandarlo a las afores que únicamente han beneficiado a los banqueros. Según la Confederación de Trabajadores de México (CTM) serían algo así como 600 mil millones de pesos al año. De concretarse este golpe junto con la decisión de la Suprema Corte de (in)Justicia de la Nación de reducir las pensiones, se hará más gordo el caldo de cultivo para que la inconformidad social aumente a niveles de semáforo en color rojo.
