MORELIA, Mich., 29 de julio de 2010.- El día de hoy inicia la vigencia de la polémica ley SB 1070 en el estado de Arizona del vecino país del norte, misma que ha tenido en vilo no sólo a los migrantes ilegales que viven en esa entidad americana, sino también a las autoridades federales de aquel país y del nuestro también, por todas las repercusiones políticas, sociales y económicas que acarrearía el que se pudiera deportar masivamente a quienes no tienen una calidad migratoria regular.
La ley SB 1070 ha sido vista como el reverso y el anverso de una moneda, porque por una parte, sus propulsores consideran como un derecho el no permitir que ilegales vivan, trabajen y obtengan beneficios gubernamentales que son propios para los oriundos de esa tierra o a quienes se encuentran disfrutando de una estancia legal; por otra parte, los ilegales que han ido en busca de mejores oportunidades de vida consideran esa legislación como un atentado flagrante a los derechos humanos.
De hecho, no se recuerda en el pasado reciente ninguna legislación tan controvertida como esta. Es por decir lo menos una ley racista e intolerante en toda la extensión de la palabra.
En cuanto se anunció la aprobación de tal ley, de hecho un poco antes, se inició un fuerte movimiento de los migrantes legales e ilegales en los Estados Unidos de América para impedir que la SB 1070 entrara en vigor. El gobierno mexicano ha hecho toda clase de manifestaciones en contra y hasta el propio presidente Obama ha iniciado acciones legales para impedir si vigencia.
A un día de que entrara en vigor una Juez Federal, Susan R. Bolton, resolvió bloquear parcialmente algunas de las disposiciones, principalmente las que más atentan contra los derechos humanos de la ley antimigrante de Arizona, evitando así que el gobierno federal pierda su histórico rol de regulador de la política migratoria, además de impedir que cuerpos policiales locales inicien una cacería de sospechosos de residir ilegalmente en ese estado.
En resolución, de tan sólo 36 páginas, la juez Bolton decidió poner en suspenso la parte de la ley que obligaba a los inmigrantes a portar sus documentos en todo momento y que convertía en delito que los trabajadores indocumentados soliciten o en su caso tengan empleos.
El fallo de la juez es en respuesta directa a la demanda presentada por el Departamento de Justicia contra la ley Arizona; aún quedan seis demandas pendientes en contra de la legislación. En sus conclusiones, Bolton declaró que las citadas partes de la legislación deben quedar en suspenso hasta que los tribunales federales resuelvan sobre los problemas que conllevan. Esta suspensión le quita la fuerza a la ley, ya que de subsistir tal suspensión al resolverse las apelaciones presentadas, nada útil tendrá para los legisladores y la gobernadora de Arizona la SB1070.
Así, la decisión de una sola persona controvierte y suspende la decisión de un conjunto de legisladores que teniendo representación popular habían resuelto, mediante una ley, impedir la vigencia de una serie de derechos humanos en detrimento de un gran grupo vulnerable. Con esta acción se revive una vieja discusión relativa a que si es correcto o no que una persona, de un poder diferente al legislativo, suspenda lo que éste hace, teniendo como sustento la voluntad popular. A esto en la doctrina se le llama decisiones contra mayoritarias, pero más allá de la discusión, que no trataremos en este espacio, están los beneficios para los migrantes.
Con independencia de lo anterior, lo que si podemos decir, como ya lo hicimos en algún otro momento y refiriéndonos a la decisión de un tribunal federal de nuestro país que dejó en libertad a un grupo de presidentes municipales acusados y enjuiciados ilegalmente por el Gobierno federal, que afortunadamente y para bien de los débiles, existen tribunales que detienen, con su fuerza constitucional, la arbitrariedad o el abuso de poder de actos del ejecutivo o el legislativo.
Claro está que aún queda un gran camino jurídico que recorrer, y que seguramente al final habrá de imponerse la fuerza de los derechos humanos, la cual es la verdadera razón por la que la Juez Burton suspendió la vigencia de algunas partes de la controvertida ley, y aunque mucho ayudaron las manifestaciones de rechazo de los migrantes, éstas no son la parte esencial de la batalla legal, sino el que la ley es abiertamente contraria a los derechos de cualquier persona, con independencia de su estatus migratorio.
No debemos perder de vista que vivimos en un mundo globalizado, en el que las mercancías y los bienes económicos ya no tienen fronteras ni requieren de pasaportes, lo cual nos debe hacer reflexionar que si eso sucede con los instrumentos del comercio, con mucha más razón debería acontecer con los seres humanos.
Ahora, toca esperar a que la Corte Federal asuma su papel y declare la inconstitucionalidad de la ley, y con ello dará una vez mas la muestra, como lo hizo en sus orígenes a finales de 1800, del control constitucional que demostró en el caso Madisón vs Marbury, que hasta hoy tiene tan prestigiada la justicia de los Estados Unidos de América, y entonces con ello contrarestar el impacto negativo que ésta ley ha generado en la comunidad no solo de México si no del mundo, en contra de E.U.A.
