“Un caballero se avergüenza de que sus palabras sean mejores que sus hechos”… Miguel de Cervantes (1547-1616).Dramaturgo, poeta y novelista español.
Este fin de semana parece que cayó un balde de agua sobre el Congreso michoacano. Bastó una declaración del legislador federal panista, Julio Castellanos, para que la molestia de los diputados locales se hiciera patente.
Las palabras del vice coordinador de Acción Nacional en San Lázaro, insistieron en un tema que ha sido recurrente en la actual Legislatura local, la falta de transparencia y la presunta ejecución de recursos públicos para realizar obras o servicios, incluso para entregar apoyos a favor de quienes habitan los distritos que “representan”.
Por cierto, un asunto añejo que el año pasado le costó muy caro a los partidos opositores. Azules y tricolores aceptaron ejercer o gestionar 3 millones 750 mil pesos, que multiplicados por 40 diputados, dieron un total de 150 millones de pesos, los cuales, estuvieron incluso presupuestados.
Después, vinieron las amargas quejas y acusaciones porque el gobierno estatal estaba repartiendo cemento con tintes electorales, el problema, es que la mayoría de los legisladores hicieron lo mismo, nada más que en menor escala… la que lograron con su ambición de poder.
Las quejas no llegaron a ninguna parte. El cementazo quedó sólo en dimes y diretes, así como el resto de las acusaciones entre partidos políticos, con exactamente el mismo asunto.
Parece que la historia se repite en el presente año y seguramente se repetirá en el próximo, donde por cierto habrá elecciones.
Por su parte, el gobierno del estado acepta que hay un recurso destinado a gestoría, pero no únicamente de diputados, sino de organizaciones sociales y que efectivamente fluctúa en 150 millones de pesos para el presente año. El propio gobernador, Leonel Godoy, se dio tiempo de abonar a favor de los “representantes populares”, al señalar que tienen derecho de gestionar recursos y obras, pero aseguró que no hay un monto límite para cada legislador.
Lo cierto, es que lo gestionado el año pasado no se ha transparentado. Tampoco hay progreso alguno en publicitar la información de oficio a que están obligados los legisladores, para callar bocas de ciudadanos y legisladores federales con sospechas.
Lo cierto, es que más allá de buscar transparentar la información de los recursos que manejan, el Congreso del estado busca las formas para ocultarla y evitar a como dé lugar, que salga a la luz pública, por ejemplo, en qué se gastan los recursos que tienen mensualmente para gestoría y que son 50 mil pesos mensuales, según la versión más consistente, porque hay otras que señalan que reciben 25 mil y unos han señalado hasta 75 mil pesos mensuales; pero por escrito, nada claro.
Julio Castellanos puso en evidencia otro asunto que los institutos políticos deberán tomar en cuenta. Es claro que se encuentran fraccionados. El mejor ejemplo es el de los panistas que entre ellos mismos han optado por evidenciarse. Los calderonistas aseguran mantenerse al margen de “presuntas” inconsistencias en el manejo de recursos públicos del Congreso michoacano, a grado tal que su líder estatal ha insistido en sus ruedas de prensa, sobre el tema.
