MORELIA, Mich., 18 de julio de 2010.- Ciudades de los estados de Baja California, Tamaulipas, Nuevo León y Michoacán son ubicadas por la PGR en una ”segunda escala de alerta”, sólo detrás de Ciudad Juárez, Chihuahua, según una nota de La Crónica.
De acuerdo con un diagnóstico de la dependencia federal, los ”focos rojos” de violencia en el país son Tijuana, Nuevo Laredo y Monterrey.
Además, se inscriben diversas zonas de municipios michoacanos como Zinapécuaro, Vista Hermosa, Apatzingán, Aguililla, Huetamo, Zitácuaro y San Lucas.
En el rubro de puertos se contempla a Lázaro Cárdenas, utilizado por La Familia Michoacana para el tráfico de estupefacientes y precursores químicos; y Manzanillo, en Colima, peleado por el Cártel del Pacífico y la organización de los Beltrán Leyva para el trasiego de dinero, cocaína y diversos productos destinados a la elaboración de drogas sintéticas.
La clasificación del nivel de alarma considera factores como el número de ejecuciones, aseguramientos, decomisos y otras expresiones violentas, entre éstas índices de corrupción, amenazas o asesinatos de policías y funcionarios de gobierno, narcobloqueos, embestidas contra la población civil -como los granadazos en el centro de Morelia- y ahora ya atentados con explosivos como el registrado la noche del jueves en Juárez, el cual dejó cuatro muertos —entre ellos un policía federal— y más de una decena de heridos.
En estos puntos críticos se ha evaluado el riesgo de que también se presenten ataques o acciones delincuenciales de alto impacto.
En los ”territorios rojos” se combina la estructura de trasiego de droga y el desarrollo del mercado de consumo, ”por lo que cárteles o grupos de la delincuencia organizada tienen la necesidad de tener un control territorial, definir su zona de comercialización, comprar policías y autoridades”.
Ahí, el narco comenzó ”a corroer de manera muy rápida las estructuras básicas del Estado”.
Además de las ciudades ya referidas, el peligro es latente en municipios pequeños del país, donde los policías son oriundos del lugar, carecen de capacitación, controles de confianza, armas y demás equipo táctico; y donde el número de elementos es escaso, sin capacidad para afrontar comandos armados o grupos de sicarios.
Según el balance de la PGR, ”en la frontera y los puertos, principalmente, el fenómeno se empieza a desarrollar de manera muy acelerada”.
