ACCESO A LA INFORMACIÓN, EN PAÑALES…
“Indudablemente hay más y peores cosas que las que sabemos y descubrimos”… Martín Lutero (1483-1546).Teólogo alemán que inició la Reforma protestante.
Finalmente se cumplieron los plazos y el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Michoacán (ITAIMICH), dictaminó el “recurso de revisión” que solicitó Canal 13 de Michoacán a través de la periodista Verónica García, ante la negativa de información del Congreso Estatal para entregar:
1. Copia de cada una de las minutas levantadas en las reuniones de la Junta de Coordinación Política durante la 71 legislatura de Michoacán.
2. Copia de los préstamos que se han autorizado a los diputados integrantes de la 71 Legislatura de Michoacán.
3. Copia de los convenios de arrendamientos para la compra de automóviles firmados por el Congreso del Estado a favor de los integrantes de la 71 Legislatura de Michoacán.
La resolución del Instituto de Transparencia señala que “resultó PARCIALMENTE FUNDADO el recurso de revisión de Verónica García Magaña”.
Es decir, el ITAIMICH ordenó al Congreso del estado entregar copia de todas las minutas levantadas durante las reuniones de la Junta de Coordinación Política, en un plazo no mayor a quince días hábiles contados a partir del 28 de junio del año en curso.
Así que si los diputados no optan por desparecer las minutas o volverlas a hacer para mantener en secrecía su actuación y el manejo de los recursos públicos que se auto asignan, entonces el 20 de julio podré darle a conocer más detalles de los acuerdos que alcanzan los diputados y que con excepción de la minuta que le presenté en noviembre pasado, se mantienen en lo oscurito.
Sin embargo, el Instituto de Transparencia resolvió respaldar la negativa del Congreso a informar a los michoacanos el monto de los préstamos que se han otorgado los actuales legisladores con RECURSOS PÚBLICOS y cobro de intereses preferenciales, a los que difícilmente otro ciudadano tiene acceso.
Sorprende la respuesta del ITAIMICH, porque públicamente varios diputados han aceptado que recibieron préstamos, aunque dicha aclaración llegó obligada, porque casualmente varios legisladores les fueron depositados 400 mil pesos el mismo día y a la misma hora, lo cual despertó sospechas y entonces justificaron que se trataba de préstamos personales.
Por si hubiera duda, el propio secretario de Finanzas, Ignacio Alvarado Laris, declaró en Noticiero Michoacano de Canal 13 de Michoacán, el 19 de noviembre del 2009, que efectivamente había legisladores que solicitaron préstamos y que él los daría a conocer.
La declaración obligada de Alvarado Laris, se dio tras hacer pública la minuta de la Junta de Coordinación Política del 17 de marzo del año pasado, donde entre otras ventajas, los legisladores se autorizaron la posibilidad de que el Congreso otorgara préstamos hasta por medio millón de pesos y el arrendamiento financiero de automóviles nuevos hasta por 300 mil pesos, claro, en ninguno de los casos se especifica nada, sólo se le indica al secretario de Finanzas que “realice los trámites administrativos correspondientes”.
Pese a contundentes hechos, con declaraciones públicas en por lo menos, un medio de comunicación, Ignacio Alvarado Laris, respondió oficialmente y por escrito que “no se habían autorizado préstamos a los diputados”, con lo que se contradijo a sí mismo y a por lo menos 2 legisladores que han reconocido haber solicitado algún préstamo.
El ITAIMICH sugirió a Verónica García que con las versiones estenográficas de las entrevistas en mención sería suficiente para avalar las contradicciones del secretario de Finanzas del Congreso del Estado, pero finalmente no fue así. Dichas versiones no sirvieron de nada e incluso, si se presentará el video y audio de dichas entrevistas, tampoco serviría para modificar el criterio del ITAIMICH, como explicó el secretario de dicha instancia, Héctor Chávez.
En fin, no fue posible publicitar este punto, vía el Instituto de Transparencia, vamos a ver si hay otra instancia que pueda y tenga ganas de hacer un trabajo más transparente e investigue la falsedad de declaraciones de Alvarado Laris, como la propia Contraloría del Congreso Estatal.
Respecto al tercer punto solicitado, la resolución va en el mismo sentido, toda vez que el documento de la Secretaría de Finanzas del Congreso michoacano señala que “no había firmado a favor de ninguno de los representantes populares de la actual legislatura convenio alguno, sino que estos fueron de forma personal por parte de cada uno de los interesados”.
Con esto tuvo el ITAIMICH para respaldar la negativa legislativa a transparentar información relacionada con los recursos públicos, toda vez que hay copias de un acta, que los diputados en ningún momento señalaron como falsa, pero que el Instituto de Transparencia consideró desestimarla “porque no se encuentra autentificada por quienes participaron en su elaboración”. Ni hablar. Lástima.
Conste, dicha acta hace mención a los dos asuntos que fueron negados a transparentarse, los préstamos y el arrendamiento de vehículos… y es que si el asunto de los automóviles es de cada diputado, ¿para qué autorizó el arrendamiento la Junta de Coordinación Política y giró instrucciones al secretario de Finanzas?
La lógica más elemental advierte que cuando menos, el Congreso fungió o funge como aval o mínimo como oficina de las agencias de autos o bancos, para avalar o retenerle a los legisladores la mensualidad que deben abonar para la compra de su carro. Así que si no es aval o no realiza otra función la Legislatura, nada tiene que hacer semejante indicación en una minuta de la Junta de Coordinación Política del Congreso Estatal.
Finalmente les comparto que tras el resultado de este recurso de inconformidad, el secretario del ITAIMICH, Héctor Chávez, justificó que para obtener la información de préstamos y arrendamientos de vehículos, se debió promover un recurso legal de violación a la información pública por oficio… demasiado tarde, y es que de solicitarlo ahora, cuando menos pasarán 4 meses para obtener una nueva respuesta.
En caso de que el Congreso del Estado no entregue la copia de las minutas en tiempo y forma a Verónica García, se hará acreedor a una multa de 75 mil pesos, es decir, un aliciente para que la autoridad no entregue los documentos, aunque cabe la posibilidad de que se promueva su separación del cargo, si la Contraloría del propio poder Legislativo lo solicita.
Este es un ejemplo del peregrinar de cualquier ciudadano que pretenda obtener información pública. Si tiene suerte será bien orientado, sino, a perder tiempo. La justificación, las pocas atribuciones del Instituto de Transparencia y su actuar de buena fe.
Michoacán, sigue en pañales en cuanto a transparencia se refiere, pero no queda más que seguir solicitando información y presentar propuesta para perfeccionar la ley en la materia.
Con la esperanza de que haya una próxima vez… me despido, gracias.
cmongem@hotmail.com
