El 6 junio de 1990 por Decreto Presidencial se dio origen a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), bajo la naturaleza jurídica de un organismo descentralizado con personalidad y patrimonio propios, surgiendo así la institución del Estado Mexicano que hasta el día de hoy en el ámbito federal es responsable del cuidado y protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos encuentra su fundamento jurídico en el aparto B del artículo 102 de nuestra Constitución Política y en la normatividad secundaria que deriva del mismo, denominada Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que fue aprobada por el Congreso de la Unión el 23 de junio de 1992 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de junio del mismo año.
Sin duda, el dar origen a un organismo tan importante para el Estado Mexicano, es clara muestra del firme compromiso y sensibilidad por parte del Congreso de la Unión de aquellos años, y que es preciso mencionar se conformaba en su gran mayoría por Diputados y Senadores de mi Partido Revolucionario Institucional, ya que ante los cambios políticos, sociales, culturales y económicos que se gestaban en el mundo y en nuestro País, de manera responsable establecieron en nuestro andamiaje jurídico leyes e instituciones que han permitido dar respuesta a las necesidades y aspiraciones del Pueblo de México, sentando además las bases que han permitido el perfeccionamiento y actualización constante de dichas normas e instituciones.
A 20 de años del establecimiento y creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mucho se ha hecho, pero aún queda mucho por hacer, ya que nuestro País sigue presentando un grave déficit en la protección y salvaguarda de los derechos humanos, como lo han señalado organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los mismos, ya que en nuestro territorio se siguen presentando constantes violaciones al derecho de acceso a la justicia, principalmente de los pueblos indígenas; violaciones a los derechos de las personas recluidas; tortura, secuestro y muerte de migrantes que atraviesan nuestro territorio; trata de personas; explotación infantil; restricciones a la libertad de expresión entre otros.
Es importante señalar, que ante el panorama que vive nuestro País en materia de derechos humanos, tanto la Cámara de Diputados como la Senadores aprobaron en el mes de abril de este año, reformas sustanciales a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aumentando las facultades de la CNDH y dando un mayor peso vinculante a sus recomendaciones, entre las cuales podemos mencionar las siguientes:
- Se faculta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a investigar violaciones graves en la materia, prerrogativa que hasta ahora detenta la Suprema Corte de Justicia.
- Se establece que los servidores públicos que no acepten ni cumplan una recomendación de la CNDH, deberán comparecer ante el Senado de la República o, en su caso, ante las legislaturas estatales, para que expliquen las razones de su negativa.
- Se faculta a la CNDH a interponer denuncias y desahogar medios de prueba que le permitan consolidar una investigación.
- Además se faculta a la CNDH para dar a conocer a la sociedad la gravedad de una violación a los derechos humanos
Actualmente, esta reforma constitucional que aprobó el Congreso de la Unión se encuentra como lo mandata la propia Constitución recorriendo las Legislaturas de los Estados de la República para su aprobación, y con la suma favorable de las mismas concretar dicha modificación.
Comparto con mis lectores, que como Diputado Federal en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados y actualmente como Diputado del Congreso de Tabasco, el tema de la protección y salvaguarda de los derechos humanos siempre ha sido un eje fundamental de mi actividad parlamentaria, presentando reformas en el ámbito federal y local que tienen que ver con la protección del derecho a la salud reproductiva, con el fortalecimiento del principio laicidad del Estado Mexicano, con la protección de los derechos humanos de los migrantes, con el derecho de los mexicanos de acceder a un recurso agua de calidad, con el derecho de toda persona a tener un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, entre otras.
Asimismo, como Presidente de la Fundación Carlos A. Madrazo he impulsado el establecimiento en la sociedad mexicana de una cultura de cuidado y protección de los derechos humanos, constituyendo para ello Comités de Defensa y Protección a los mismos, tanto en el Distrito Federal como en la mayoría de los Estados de nuestro País, ya que estoy cierto que en la medida en que los mexicanos conozcan y ejerzan sus derechos fundamentales, así como los mecanismos de defensa jurídica para hacerlos valer se podrá avanzar en la construcción de un mejor País para todos.
Alfonso R. Izquierdo Bustamante
Diputado Local, Presidente del Consejo Directivo
Nacional de la Fundación Carlos A. Madrazo, A.C., y
Secretario Adjunto a la Presidencia del C.E.N. del P.R.I.
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