MORELIA, Mich., 5 de julio de 2010.-Que significa para los mexicanos la existencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Seguramente que mucho, pues es un organismo que precisamente se encarga de velar por la vigencia de los derechos fundamentales de los individuos. La idea en su creación fue precisamente que las personas tuvieran a su alcance una institución dotada de fuerza constitucional y con autonomía suficiente que le permitiera denunciar ante cualquiera las violaciones de los derechos perpetradas por autoridades.
Las recomendaciones de los organismos de derechos humanos carecen de obligatoriedad, es decir, no se pueden hacer cumplir como los fallos de los tribunales; sin embargo, la fuerza moral que poseen debieran ser suficientes para que la autoridad cumpla, ya que de lo contrario, queda evidenciada como una autoridad arbitraria y carente de sentido de responsabilidad.
Sin embargo, aún con el avance de la Comisión Nacional de Derechos Humanos persiste todavía una serie de resistencias, desde el poder público, que impiden un mejor trabajo de este órgano constitucional; como ejemplo tenemos la reciente declaración del Secretario de Gobernación del Gobierno Federal Gómez Mont que mencionó la frase, en alusión a la intervención de esta Comisión, de “tontos útiles”, dando a entender que con su intervención favorecen el margen de impunidad de los violadores de la ley.
La declaración del Secretario encargado de la política interna del Ejecutivo Federal pinta de cuerpo entero al gobierno. No hace falta decir mas para entender que existe el autoritarismo en los gobernantes. Como reclamarle a nadie de ese gobierno que no se conduzcan de manera indebida si sus máximos representantes declaran tales aberraciones?
Claramente se recuerdan las campañas políticas del candidato Calderón que señalaba la plena vigencia de los derechos de los ciudadano; que se comprometía con el ejercicio de un gobierno apegado al marco de derecho; que reñía con el viejo régimen en el que el autoritarismo era uno de los signos mas marcados a los que no debía permitírsele el retorno al poder.
No estamos por el hecho de que quien viole la ley sea protegido indebidamente por nadie; pero tampoco estamos porque la autoridad no permita que los defensores de los derechos humanos hagan su trabajo. Pedir que se respete el derecho, así sea de criminales, no es protegerlos, no es brindarles espacios de impunidad. Es simplemente hacer que se respete la Constitución y la ley.
Realmente esperamos que las iniciativas de reforma del estado que están esperando ser dictaminadas permitan que las resoluciones de la Comisión de Derechos Humanos sean vinculantes para las autoridades.
De nuestra parte proponemos que adicionalmente a tales reformas presentadas, se hagan cumplir las actuales normas, por ejemplo, el de la protesta constitucional que hace todo servidor público al iniciar su ejercicio, mediante el cual jura cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes, y que al hacer declaraciones como las del Secretario de Gobernación, sea evidenciado por atentar precisamente contra disposiciones constitucionales y, en su caso, sea reprendido públicamente por su jefe y, porque no, amonestado, a fin de que de volver a incurrir en esas prácticas sea separado del cargo.
Adicionalmente a lo anterior, debería pensarse también en que los servidores públicos estén impedidos de hacer declaraciones públicas acerca del trabajo de los organismos de defensa de los derechos humanos, a fin de que no traten de influir por ningún medio, en sus determinaciones, so pena de ser sujetos de procedimiento de responsabilidad.
La cultura de respeto por los derechos humanos pasa por la antesala del poder público y por tanto, debe pasar también por la sala de la prudencia de los servidores públicos.
