MORELIA, Mich., 02 de julio de 2010.- La campaña mediática en la que el Ejecutivo estatal se adjudica como un logro propio la gratuidad de la educación pública en todos los niveles en Michoacán sienta un mal precedente para posteriores iniciativas que lleguen desde el gobierno estatal, advirtió el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, Samuel Arturo Navarro Sánchez.
En entrevista, el diputado del Partido Acción Nacional (PAN) recordó que la propuesta remitida inicialmente por el gobernador Leonel Godoy Rangel fue apoyada y enriquecida por los diputados de las distintas fuerzas políticas representadas en la 71 Legislatura, porque es una propuesta que tiene una serie de bondades tendientes a hacer más accesible la educación media superior y superior.
Al respecto, Samuel Arturo Navarro recordó que las reformas a los artículos 138 y 139 de la Constitución Política de Michoacán, por una serie de problemas técnicos y económicos, por el momento sólo abarca la aplicación de un subsidio en el pago de inscripciones de los niveles medio superior y superior en la entidad, por lo que hay por lo menos otros siete conceptos de pago que seguirán vigentes.
Sin embargo, en su campaña publicitaria el Ejecutivo estatal asegura que Michoacán es el primer estado del país en donde ya es gratuita la educación pública en todos los niveles, lo que está alejado de la verdad porque la reforma no obliga a las instituciones educativas federales y autónomas y aún no entra en vigor, pues actualmente es valorada por los municipios del estado y hasta posteriormente será publicada en el Periódico Oficial del Estado.
Navarro Sánchez señaló que la estrategia mediática parece perseguir fines político-electorales mediante afirmaciones que no corresponden a la realidad, lo que sienta un mal precedente y podría provocar que en ocasiones posteriores, cuando se presenten iniciativas del Ejecutivo estatal o el Partido de la Revolución Democrática (PRD), éstas no reciban el respaldo de las otras fuerzas políticas representadas en el Congreso del Estado ante la posibilidad de que se intente aprovechar políticamente el trabajo legislativo.
