Los procesos electorales siempre dan de que hablar y los que actualmente se desarrollan en diversas entidades del país no son la excepción. En lo que hasta ahora hemos visto y a unos cuantos días de que se lleve a cabo la jornada electoral, la descalificación entre partidos y autoridades tanto locales como federales está a la orden del día.
Las descalificaciones públicas tienen un denominador común: la falta de equidad en las contiendas. En el fondo de lo que todos se quejan es de que los gobiernos están operando abiertamente a favor de sus respectivos candidatos y, como se ve, los árbitros de las contiendas están convertidos en simples espectadores que intervendrán conforme a sus limitadas facultades, y lo que es peor descalificados por los partidos que no están en el gobierno, en la mayoría de los casos.
Por esta causa, considero que uno de los temas sustantivos a reflexionar es precisamente el relativo al principio de equidad que debe privar en todo proceso electoral, claro, como una altísima aspiración.
En los últimos 20 años tanto en la federación como a nivel estatal se han llevado a cabo un buen número de reformas electorales que modifican el marco normativo y que han dado paulatinamente mayores facultades a la autoridad. Se puede decir que prácticamente se ha erradicado el problema de legalidad que ocurre durante el proceso o el día de la jornada en cuanto a la organización de las elecciones e refiere.
La organización de la elección que antes estaba en manos del gobierno y que fue cedida a órganos autónomos, incluso ciudadanizados, desapareció el pretexto del manejo ilegal del proceso; sin embargo, ello como estamos viendo no impidió que el fraude en las elecciones se esté presentando, aunque ahora con modernas formas y más eficientes resultados.
Hay teóricos que afirman que la legalidad de las elecciones ya no se garantiza con mas reformas electorales, porque éstas sólo regulan los procesos en si mismos y que la amenaza a la legalidad está precisamente fuera de este contexto, que se encuentra básicamente en el ejercicio de actores externos que influyen de manera directa, pero no documentada, en la voluntad de los ciudadanos alterando el principio básico de la equidad que desequilibra la presencia de los actores políticos convirtiendo a uno de ellos en superior.
Tal es el caso, como lo estamos viendo en los estados que cursan proceso, mediante el manejo de los programas de beneficio colectivo que implementan los gobiernos y que, por ende, tienen la ventaja de llegar a un número importante de beneficiarios, lo que se traduce en acciones de clientelismo.
El ejercicio de estos programas gubernamentales lamentablemente no puede ser supervisado por los órganos electorales, lo que propicia un amplio margen de impunidad a quienes los ejercen, ya que actualmente su investigación se hace mediante procedimientos de queja o responsabilidad que en el mayor de los casos se vienen a resolver mucho tiempo después de que ha concluido la elección y cuya máxima sanción es económica en contra de los partidos políticos beneficiados con los apoyos externos, y que bien vale la pena soportar la sanción si se ha obtenido ya el objetivo de haber ganado la elección ilícitamente.
Por eso, precisamente es que ahora considero que el principio de equidad debe ser privilegiado mediante la toma de acciones legislativas que impidan a los gobiernos en turno y de cualquier nivel, hacer o concretar acciones que beneficien, vía recursos o apoyos públicos, a candidatos de su partido.
También proponer que los legisladores tengan nivel de vigilancia de los programas de gobierno, mediante la recepción de informes del gasto público que no sean anuales, sino se hagan por periodos mas reducidos que les permitan una mejor vigilancia, llegándose a tener la posibilidad de que estos informes sean trimestrales.
Por otra parte, importante sería que la propaganda institucional de los gobiernos mediante la que se promocionan los programas y beneficiarios se moderen al mínimo posible, evitando que con esta acción, de manera indirecta se promociones al partido que se encuentra gobernando.
De igual manera se ha llegado a proponer que los órganos de auditoría superior, ejerzan funciones también de mayor control, teniendo la posibilidad de suspender aunque sea provisionalmente a funcionarios responsables de la operación de programas públicos que se desaparten de la normativa que los rigen.
Desde luego que entre estas propuestas para garantizar la equidad en la contienda está la de separar las contralorías de los poderes ejecutivos y poner esta función en manos de los órganos superiores de fiscalización para que en verdad ejerzan su atribución en contra de los integrantes del poder ejecutivo, de lo contrario ningún procedimiento será verdaderamente eficaz.
De esta manera, por vía legislativa, se estará realmente evitando el circo de acusaciones que elección tras elección se ve, y lamentablemente vulnera la confianza ciudadana en los procesos electorales.
