MÉXICO, DF., 9 de abril de 2010.- El diputado federal del PRI, Ildefonso Guajardo Villarreal demandó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) presente ante el gobierno de Estados Unidos una queja formal y enérgica por el gravamen que algunos estados de aquella nación pretenden imponer a las remesas de los migrantes mexicanos a nuestro país, cuando nuestros connacionales han contribuido de manera importante y honesta a la prosperidad de nuestro socio comercial y vecino.
Asimismo, se pronunció porque se solicite al gobernador del estado de Oklahoma que intervenga para que se eliminen las comisiones aplicadas a dichas remesas desde el año pasado en aquella entidad y al mismo tiempo se promueva una suspensión de compras gubernamentales de cualquier producto proveniente de aquel estado.
“A todas luces, puntualizó, se trata de una medida inmoral, abusiva y lesiva de los derechos de los migrantes”. Nuestros connacionales han apoyado a Estados Unidos en su crecimiento, mediante el esfuerzo cotidiano de su trabajo, y aún así padecen una vía crucis permanente por las condiciones de vida que deben enfrentar en aquel territorio, explicó el legislador del PRI.
Expuso que en el caso de Oklahoma, se presentó una ”iniciativa de transferencias de dinero y lavado de dinero, también denominada HB2250, concebida por el diputado republicano Randy Terrill, y apoyado en la redacción por su correligionario el senador Anthony Sykes, en la que se plantea de forma inmoral que los negocios que se encuentren registrados para enviar dinero al exterior, concretamente a México, cobren una cuota de 1% a partir de un mínimo de 5 dólares, con la excepción de los bancos y de las unidades de crédito.
La correspondiente recaudación sería destinada a un fondo del Departamento de Narcóticos y Control de Drogas Peligrosas del estado de Oklahoma, medida que de manera insultante pretende vincular la migración indocumentada con narcotráfico.
Guajardo Villarreal recalcó que resultan evidentes los frecuentes maltratos y la conculcación de los derechos humanos de que son objeto nuestros compatriotas migrantes que, por razones de orden económico, se ven orillados a viajar a los Estados Unidos, dejando a sus familiares en México.
El legislador priista manifestó que no obstante ello, durante la última década decenas de estados norteamericanos han considerado gravar los envíos de dinero a México, política cuyo objetivo principal es afectar a la población inmigrante en esos estados.
Ejemplificó que en el caso del estado de Georgia los mismos republicanos han intentado que sean aprobados varios proyectos para gravar las remesas de los indocumentados, y mencionó que la última de dichas propuestas fue presentada en febrero de este año, en la que se contempla imponer una cuota del dos por ciento a las transferencias electrónicas, con una estructura similar a la aprobada en el estado de Oklahoma.
Dicha iniciativa fue presentada por los diputados republicanos Jerry King, James Milis, Edward Lindsey y Tom Rice, y se retiró el pasado 15 de marzo debido a que no pudo comprobarse que las remesas enviadas por medio de Western Union están vinculadas al lavado de dinero o al comercio de drogas ilícitas.
El diputado Guajardo especificó que estudios realizados por el Centro de Política Inmigratoria del Consejo Inmigratorio Americano se establece que los inmigrantes y sus remesas representan un impacto positivo en el fortalecimiento de las exportaciones de la Unión Americana a México, debido a que se considera que dichos envíos fortalecen las demandas de productos estadounidenses al mejorar la capacidad económica de las zonas a donde se hacen llegar y a que el flujo del capital generado por esas transferencias contribuye a un clima de inversión más sólido y estable en el marco de la relación entre los socios comerciales involucrados y del desarrollo de micro y pequeños negocios.
Asimismo, los estudios resaltan que los inmigrantes contribuyen al incremento del poder adquisitivo de los estadounidenses, por lo que las medidas ya adoptadas por el estado de Oklahoma y que pretenden establecerse en al menos una decena de estados de aquel país, pretenden apropiarse de manera inmoral de recursos honestamente ganados por los migrantes mexicanos que, por su condición indocumentada, se encuentran desprotegidos, por lo que les resulta difícil defenderse.
“Se trata, abundó el diputado de la bancada priísta en San Lázaro, de un despojo cuya magnitud queda en evidencia si se considera que un envío de 150 dólares se grava con el desproporcionado cargo de 5 dólares, suma equivalente al precio de más de 3 kilos de huevo, de más de 7 kilos de tortillas o de más de 2 kilos de frijol, a precios actuales y en promedio en nuestro país”.
Por todas estas razones –y sobre todo porque en forma inexplicable el Poder Ejecutivo federal no ha reaccionado ante el agravio que representa la mencionada medida para nuestros compatriotas–, el Poder Legislativo de ninguna manera puede dejar de reaccionar ante las políticas discriminatorias ya implantadas y que pudieran ser aplicadas en otros los estados, enfatizó Ildefonso Guajardo Villarreal.
Finalmente, mencionó que como respuesta a esta agresión y agravio que lesiona los derechos de los migrantes mexicanos y en el contexto del importante intercambio comercial entre México y Oklahoma, que para el estado norteamericano representa exportaciones del orden de los 527 billones de dólares e importaciones mexicanas por 598 millones de dólares, el Ejecutivo federal está comprometido a impulsar acciones para suspender compras gubernamentales de cualquier producto proveniente de aquella entidad del vecino del norte como una represalia al trato discriminatorio e inmoral que implica gravar las remesas de los inmigrantes mexicanos a nuestro país.
