MORELIA, Mich., 8 de marzo de 2010.- De acuerdo con datos de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), de 2006 a 2009 se han registrado 856 casos de personas desaparecidas en Michoacán, de las cuales entre el 75 y el 80 por ciento de los casos podrían estar relacionadas con problemas de inseguridad, reveló el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Raúl Morón Orozco.
En rueda de prensa, el ex dirigente estatal del sol azteca indicó que según el Código Familiar del Estado de Michoacán los trámites para poder declarar la presunción de muerte de una persona duran hasta nueve años, lo que deja a las familias en estado de incertidumbre y con la imposibilidad de realizar cualquier trámite legal o administrativo en los derechos o bienes de la víctima.
Por ese motivo, Raúl Morón anunció que en breve presentará ante el pleno del Congreso del Estado una iniciativa de reforma al Código Familiar para reducir el tiempo de espera para la realización de los trámites que tienen que ver con la declaración de ausencia y muerte de personas de nueve a sólo tres años.
Al respecto, indicó que durante los últimos cuatro años el número de delitos relacionados con la desaparición de personas en la entidad ha crecido considerablemente debido a las circunstancias de inseguridad pública que afectan la vida social de las poblaciones y comunidades de Michoacán y que desafortunadamente en muchos casos, después de una agonía prolongada de víctimas y familiares, concluyen con la muerte.
Morón Orozco subrayó que de acuerdo con datos oficiales en el mencionado periodo de 2006 a 2009 han ocurrido han ocurrido alrededor de 856 desapariciones de personas, de las cuales solamente el 20 por ciento se denunciaron y el 80 por ciento restante no, por temor a represalias de los victimarios o grupos que provienen del crimen organizado.
“Estos datos son relativos frente a la magnitud del problema, debido a que existen casos de los que no se da aviso a las autoridades policiales e investigadoras, situación que evidentemente genera un estado de incertidumbre social que altera el estilo de vida de los familiares y dependientes económicos de las víctimas ante la ausencia que motiva la presunción de una muerte”, concluyó.
