Informar es una obligación para los gobernantes, en el caso particular, el Gobernador del Estado el pasado 14 de febrero hizo lo propio en cumplimiento a la obligación prevista en el artículo 33 de la Constitución Política del Estado, aún cuando en diverso artículo, el 60 fracción décima, señala que además de dar cuenta del estado que guarda la administración Pública a su cargo, el Gobernador debe proponer los medios para mejorarla.
Si vemos bien, en realidad se cumplió en parte, es decir, sólo se dio cuenta de lo hecho, pero en ningún momento, o al menos no se dijo públicamente, que medios propuso el Gobernador para mejorar la administración pública.
Sin embargo, el comentario de hoy no se reduce a si el Gobernador cumplió cabalmente con las obligaciones constitucionales o no, sino destacar el hecho de si el informe sirve o no realmente para el ejercicio de rendición de cuentas que tanto se pregona. Veamos lo siguiente.
Este informe correspondió al año 2009, se presentó en febrero de 2010 en el que se está ejerciendo un presupuesto aprobado en diciembre del año pasado. Primera cuestión, ¿con base en que información (informe) el Congreso del Estado está aprobando un presupuesto de 2010? Desde luego que no se hace con informes de 2009, sino en todo caso, con informes de 2008.
Segunda cuestión, ¿Qué pasa si el Gobernador dijo imprecisiones en su informe? ¿Qué sanción le recae y, como se le demuestra que no cumplió?
Tercera interrogante ¿contra que documento hace la glosa del informe el Congreso?
Si respondemos cabalmente estas interrogantes llegaremos necesariamente a la conclusión de que el Informe de Gobierno no es claro, en los hechos, y sirve prácticamente mas que para que el gobernante en turno presente en tiempo un documento que no va a ser contrastado con nada.
Claro que si vemos la utilidad política del informe el asunto cambia. El informe sirve para que el Gobernador se luzca o, cuando menos, pretenda hacerlo. Y si no es así, entonces como se explica el cambio de sede legislativa para recibir el informe.
La idea de un cambio democrática pasa, necesariamente, por un cambio de formas, en las que se abandonen cada día más los cultos a la personalidad y se arribe a un ejercicio congruente.
En el caso que se analiza, considero que debiera cambiarse en todos los aspectos el calendario de informes que debe rendir el Gobernador al Congreso y que la aprobación de los presupuestos de egresos se haga conforme a estos informes, de tal suerte que no se deje al gobernante con el margen de discrecionalidad que hoy posee. Cuenta Pública, informe de resultados e informe de gobierno deben tener una presentación sucesiva y útil para que el Congreso esté en verdadera aptitud de valora la iniciativa del presupuesto de egresos y no lo haga como hasta hoy, en el mejor de los casos con información pasada o, en el peor, sin información, respecto del cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo.
Ningún sistema de rendición de cuentas podría funcionar sin esta corrección de calendario constitucional. Todo lo demás, es decir, todo lo que hasta hoy se hace sirve para la forma política, pero no para la rendición de cuentas.
