En enero, gracias a las comunicaciones, nos enteramos de la tragedia ocurrida en Haití, en donde se habla de más de doscientos mil personas fallecidas y más de tres millones de damnificados. Simplemente el terremoto acabó con ese país. La debilidad de sus instituciones y la pobreza extrema que padecen impidieron una reacción rápida y eficaz de sus autoridades, al punto en que al día de hoy no pueden retornar a su normalidad, para lo cual habrá de pasar mucho tiempo. Situación que veíamos lejano a nosotros.
Sin embargo ahora el mal tiempo es el que nos martiriza a los mexicanos. La semana pasada el frio y la lluvia se hicieron presentes en toda la república afectando inmisericordemente a diversos municipios de la entidad y otras partes del Estado de México y el Distrito Federal. A medida que pasan los días los estragos se ven con mayor crudeza y se aprecia en su verdadera magnitud los daños causados.
33 decesos lamentables, cifra que pudiera incrementarse conforme pasen los días. Angangueo, el municipio que evidencia con mayor claridad la fuerza devastadora de la naturaleza no podrá ser el mismo jamás. Tuxpan, Jungapeo y Zitácuaro no quedaron exentos de los daños del fenómeno meteorológico, lo mismo que algunas zonas de Morelia. Miles de personas fueron afectadas en todos los sentidos, principalmente en el aspecto económico pues no sólo perdieron sus hogares sino todas sus pertenencias incluyendo medios de trabajo.
Como siempre, la capacidad de respuesta de los gobiernos es limitada, con todo y que exista declaración de zonas de desastre por parte del Gobierno Federal, que libera recursos económicos para enfrentar la crisis, no hay recurso público suficiente para devolver a los moradores de esos municipios la tranquilidad que les fue arrebatada.
La pregunta recurrente en circunstancias como esta es ¿Qué pasa con los gobiernos que no actúan preventivamente para atenuar los efectos de este tipo de fenómenos meteorológicos que siempre afectan a los más débiles? Desastres y desastres ocurren y siempre es lo mismo; las mismas promesas, los mismos olvidos y, al final, la tragedia para los mas desaventajados.
Consideramos que debe reorientarse el gasto público y los programas de desarrollo. Dada las recurrentes afectaciones provocadas por la lluvia o las sequías, da igual, los fondos de contingencia deben incrementarse al máximo posible precisamente para afrontar este tipo de problemas.
Por otra parte, debe existir mayor inversión pública en obras que eviten, también al máximo posible, los efectos de este tipo de eventos naturales. La aplicación de la ley debe ser rigurosa, ya que, como queda claro, los asentamientos irregulares o que no cumplen cabalmente con la normativa, son los que resultan más afectados por inundaciones o lluvias, pues se les permite construir en zonas de alto riesgo.
La mala calidad de la obra pública (ejemplo la pavimentación) provoca que llegada la temporada de lluvias las calles se vuelvan un caos. No se trata de si el pavimento es viejo o no, se trata de que es de mala calidad. Veamos simplemente colonias o zonas en las que el pavimento es de primera calidad y notaremos que los daños por las lluvias son mínimos, comparado con el resto de la ciudad en donde prácticamente es imposible transitar debido a los hoyos que hay. Lo mismo ocurre con la obra hidráulica. El gasto de los gobiernos se desperdicia en gran medida en reparar la obra construida deficientemente.
Es hora de tomar conciencia de que la naturaleza nos está cobrando la factura por la irresponsabilidad con la que nos hemos conducido. Cada alud es signo de la tala inmoderada de los bosques, es lo que permite que los suelos se reblandezcan y el agua arrastre la tierra a las zonas bajas. Es tiempo de que los gobiernos tengan claro que este tipo de eventos naturales serán cada día mas frecuentes.
Debemos modificar los estándares para diseñar la obra pública y orientar de mejor manera el gasto público. Ciertamente el gobierno no lo puede todo, pero si puede regular de forma más eficiente los asentamientos urbanos y la actividad económica forestal. De continuar como hasta ahora, pronto seremos testigos de mas y mayores desastres.
México está en posibilidad de asegurarse y tomar decisiones correctas en auxilio de la población. La coordinación entre los diversos niveles de gobierno es indispensable para canalizar los recursos públicos a obras que eviten tragedias y generen calidad en la obra pública.
Bien por aquellos ayuntamientos que con gran disposición y muestras de solidaridad han instalado albergues para apoyar a los damnificados, como es el caso de Áporo, que a la fecha atiende a más de mil personas.
La población agradece las cobijas, las láminas de cartón, el cemento, o cualquier otro paliativo para su sufrimiento, pero más agradece que se actué a tiempo haciendo las obras oportunamente con la calidad necesaria y si no, que se lo pregunten a los habitantes de Chalco y Netzahualcóyotl.
