MORELIA, Mich., 7 de febrero de 2010.- El sigilo y la secrecía con que las autoridades estatales y municipales han tratado el tema del cambio de estatus legal de la Loma de Santa María despierta muchas dudas, suspicacias y desconfianza entre los morelianos y los michoacanos, afirmó el diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), Agustín Torres Ibarrola.
Como secretario de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el legislador panista manifestó su preocupación con el desaseo que se ha registrado al retirar la protección legal a más de 60 hectáreas de la Loma de Santa María con el argumento de que se construirá una vialidad en la zona para unir a la mancha urbana de Morelia con las comunidades y colonias que se encuentran en el sur del municipio.
“La preocupación es sobre todo porque de acuerdo a lo que nos han comentados sólo se requieren dos hectáreas para la construcción de la vialidad, pero son más de 60 hectáreas las que quedaron sin protección, lo que desde este momento abre la puerta para que en las mismas se pueda fraccionar o construir desde conjuntos habitacionales hasta gasolineras y demás, en cuanto el Ayuntamiento de Morelia autorice el cambio de uso del suelo”, explicó.
Agustín Torres se dijo convencido de que es necesaria la construcción de una vialidad que permita una comunicación y transporte más eficiente en beneficio de las miles de personas que viven o laboran en la zona sur del municipio, sobre todo en las tenencias de Santa María, Jesús del Monte y San Miguel del Monte, sin embargo, insistió en que no existe claridad en el proyecto por parte del gobierno del estado ni del ayuntamiento de Morelia.
De la misma forma, manifestó su inconformidad con el hecho de que el proyecto, “si es que existe”, se encuentre dentro de “una caja negra” a la que nadie tiene acceso desde el momento en el que por acuerdo de la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente (SUMA) del Ejecutivo estatal, con fecha del 15 de enero de 2010, se determinó reservar casi toda la información relacionada con los planes que se tienen para la Loma de Santa María.
Torres Ibarrola aseveró que el gobierno de Michoacán ha violentado diversas disposiciones legales de carácter federal y estatal, ya que sólo por poner un ejemplo, la Ley Ambiental y de Protección al Patrimonio Natural del Estado de Michoacán se establece la necesidad de realizar consultas públicas y hacer del conocimiento de la sociedad la información respecto de los proyectos que existan para cambiar el estatus legal de cualquier área natural protegida.
Además, aseguró que la sustitución del decreto mediante el cual se protegían 232 hectáreas de la Loma de Santa María no se justifica, porque la restauración de la zona se podía hacer sin necesidad de cambiar el estatus legal y en ningún momento se explica por qué razón más de 60 hectáreas quedaron fuera del decreto.
