MORELIA, Mich., 29 de enero de 2010.- La mayoría de los funcionarios del estado de Michoacán que fueron sujetos a investigación, han sido puestos en libertad tras ser considerados libres de culpa, pues el juez de la causa no encontró ninguna evidencia de las acusaciones hechas por la Procuraduría General de la República.
La compañera Citlali Fernández González, ex secretaria de Seguridad Pública Estatal; Ignacio Mendoza, ex subprocurador regional; Abel Salazar, ex Síndico de Lázaro Cárdenas, y otros funcionarios del gobierno perredista han sido puestos en libertad, pues el juez de la causa determinó que no existen elementos para acusar de delito alguno a los funcionarios.
Esto evidencia, como lo dijo el Partido de la Revolución Democrática -en su momento- que las acusaciones de la PGR contra funcionarios perredistas carecían de sustento legal y se evidenció el carácter político de las detenciones.
Queremos reconocer el trabajo del juez de la causa, que no se sujetó a consignas políticas, y también la Dirección Nacional reconoce el esfuerzo del senador perredista Carlos Sotelo, que estuvo pendiente en todo momento de la detención irregular.
Es tiempo de rechazar los procedimientos anormales de testigos protegidos que son utilizados, como en este caso, para montar acusaciones infundadas; y lo mismo sucede con el arraigo, figura que utilizó la PGR y que a todas luces es inconstitucional.
En esta acusación de la PGR se dañó el prestigio de los compañeros, se pretendió lesionar la autoridad del gobierno del estado de Michoacán y se afectó la imagen del PRD.
Por todo esto, le exigimos a la PGR una disculpa pública que ojalá fuera con el mismo despliegue mediático con el que promocionó las detenciones.
