Deben, no niegan, pero no pagan
Como bien lo comentábamos hace una semana en este mismo espacio editorial, existe un profundo descontento de la sociedad con sus representantes populares por la forma cómo dilapidan los recursos públicos y por la manera tan descarada, cómo se apropian de dinero que no les corresponde. Esta vez, el comentario se orienta a los empresarios mexicanos que a su vez también tienen una extensa cola que les pisen, derivada del aprovechamiento injusto de las enormes bondades que otorgan las leyes mexicanas a quienes desean evadir sus obligaciones fiscales.
La descomunal cifra que adeudan las empresas mexicanas al fisco asciende a los 453 mil millones de pesos, es decir, unas diez veces el presupuesto de egresos del gobierno michoacano. Uno se preguntaría obligadamente ¿Cómo es posible que exista tal adeudo si una de las áreas más sensibles del gobierno suele ser la fiscal? ¿Por qué el SAT o los gobiernos estatales no han logrado recuperar esos créditos fiscales? ¿Porqué en vez de sangrar a las clases medias y bajas con más impuestos, no se les cobra a los grandes consorcios lo que adeudan desde hace varios ejercicios?
De ese monto, la mitad obedece a los adeudos de unas 60 empresas o consorcios que tienen pendientes cifras individuales diversas que oscilan entre los 70 mil millones de pesos el más alto y los 800 millones de pesos el más bajo. En ese rango se ubica todo tipo de deudores fiscales, con cantidades distintas que en varios de los casos rebasan individualmente los presupuestos anuales de egresos de varias entidades federativas del país o de varias secretarías de estado. Es agraviante conocer estos adeudos y sobre todo, observar la falta de congruencia de sus altos directivos, quienes a sabiendas de la situación por la que atraviesan, mantienen niveles de vida alejados de su realidad, niveles de gasto en sus negocios que no se corresponden con la salud fiscal de sus empresas y discursos desgastados que nada tienen que ver con su determinación de no cumplir con una sagrada obligación que es la de contribuir.
¡Nombres! ¡Nombres! Sería la exigencia popular. Telmex, Cemex, Wall-mart, Liverpool, Elektra, Bimbo, varias mineras e inmobiliarias, ICA, Televisa, algunas operadoras de carreteras y un largo sinfín de nombres que no sólo sorprenden, sino indignan. Es inconcebible que empresas como éstas, puedan asumir decisiones de no pago de impuestos. Se esconden bajo la figura legal del impuesto diferido. Es decir, tácitamente no se niegan a pagar. De manera encubierta en una salida legaloide, se acogen a una disposición que les permite posponer el cumplimiento de sus obligaciones con el fisco, si con ése que nos tiene aterrorizados a los ciudadanos con los famosos requerimientos que en forma de ráfaga se lanzan a los domicilios de los contribuyentes y que con frecuencia, no obstante haber pagado y estar al corriente, los obligan a presentarse a las oficinas fiscales, para solventar el dichoso requerimiento. Ésta es parte de la herencia del famoso titular de la SHCP, Francisco Gil Díaz, quien fue conocido por su apego al terrorismo fiscal.
¿Qué podemos hacer los ciudadanos ante una situación tan injusta? ¿Cuál es nuestro deber ético y moral ante hechos de esta naturaleza? ¿Cuánto debemos esperar para ponernos manos a la obra y dejar de elucubrar aisladamente? Una alternativa es dejar de consumir sus servicios y productos como forma de protesta. Otra, tratar de replicar este tipo de columnas de análisis político, para que la opinión pública adquiera conciencia y deje de tener fe ciega en este tipo de “empresarios”. Una más, exigir a nuestros legisladores que asuman una actitud más seria y responsable y legislen para evitar las salidas legales que permiten este tipo de situaciones. Además, pedirles que hagan eco del malestar ciudadano y que eleven su voz ante las instancias recaudadoras del gobierno para que se aplique a estos evasores, el mismo trato severo que se tiene para los contribuyentes menores.
Es increíble que además de recibir una infinita gama de beneficios e incentivos fiscales, todavía se apeguen a este tipo de salidas y no tributen. Muchos estados del país han debido proporcionar terrenos para que empresas como Soriana y Wall-mart se establezcan y generen polos de desarrollo. Sin embargo, parece que no les es redituable el comercio en la escala en la que lo realizan. Situaciones parecidas ocurren con los demás giros que a pesar de todas las facilidades que les otorgan los gobiernos, no satisfacen sus apetitos de acumulación de riqueza a expensas de los recursos del pueblo.
