Juan Guzmán G. / Quadratín
Dos instituciones públicas coincidieron en hacer justicia en favor de los trabajadores. Por un lado, El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje le negó la toma de nota a los dirigentes seccionales impuestos por el dueño del Sindicato (dizque) Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo, Metro Fernando Espino Arévalo y, por el otro, La Procuraduría Federal del Consumidor emitió un acuerdo desfavorable a la constructora Promotora Reside y sus contratos de compra venta leoninos.
En el primer caso, la decisión del Tribunal que regula las relaciones laborales de la burocracia, no pudo ser más oportuna máxime cuando el precio del transporte del Metro se elevará en un 50 por ciento a partir del 1 de enero de 2010. La ilegalidad conque actúa la dictadura sindical de Espino Arévalo ha llegado a su límite y ahora lo coloca en la ambición total al grado de quererse apoderar de los puesto claves en ese vital medio de transporte al colocar en ellos a sus incondicionales, lo que ha logrado parcialmente con la aquiescencia del mediocre director general Francisco Bojórques Hernández.
De acuerdo con información enviada a esta columna por la Asociación de Profesionales del Metro que preside el ingeniero Gilberto Santiago Pascual y el Sindicato Único Democrático del Metro que lidera Carmen Servin, una gran parte del Comité Ejecutivo del Sindicato (dizque) Nacional han pasado a ser personal de confianza al colocarse en el nivel 14 con un salario diario superior a los 500 pesos como es el caso de Teresa Hidalgo reelecta en la seccional 7 o los cuñados del cacique María Enriqueta García Villarreal y su hermano Roberto, perenemente comisionados a la organización.
En un escrito enviado el 5 de noviembre de 2009 al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubond, la APROM le dice textualmente:
”Sin exámenes de por medio y ocultando arreglos inconfesables, se han entregado 43 plazas de nivel 14, CONFIANZA de nueva creación, al igual número de Comisionados Sindicales, los cuales incluyen a familiares directos del dirigente “moral” del Sindicato Nacional, Fernando Espino Arévalo, a quien se ha beneficiado incluso con la entrega de la Subgerencia de Servicios Médicos, para su hija de nombre Mabel Espino Suárez.
Asimismo, a su cuñado Everardo Bustos López; a sus cuñadas y cuñados: Hortensia, Orquídea y Roberto García Villarreal a su hijo de nombre Fernando Espino González, haciendo con esto un uso patrimonial de una empresa pública que no es de su propiedad. La lista incluye: a Cándido Cid Vera; Leobardo Álvarez García; Luís Miguel Cervantes Rivera; Humberto Villela: José Luís Serratos; Teresa Hidalgo y el actual Secretario General de ese Sindicato José de Jesús Pérez Negrón Pérez Negrón (es Pereznegrón. N. del A.) y Humberto Ramírez Vistraín; entre otros miembros del Comité ejecutivo General y Comités Seccionales beneficiados por asignación del director”.
Es decir que será el pueblo quien con el aumento del 50 por ciento pague esos salarios elevados a los cuates y familiares del dueño del Sindicato (dizque) Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo a quien, por cierto, le disgusta profundamente que hagamos públicas estas denuncias por lo cual lo hago nuevamente responsable de mi seguridad y la de mis seres queridos.
De su lado, la constructora Promotora Reside que con falsas promesas y engaños pide a sus posibles clientes adelantos de miles de pesos para la entrega de sus minúsculas viviendas y luego pretende quedarse con el dinero cuando el comprador deshace el acuerdo, fue sancionada por la Procuraduría Federal del Consumidor debido a que violó la ley en la materia en forma ”grave”, según copia de un acuerdo del 16 de diciembre que consta en poder nuestro.
Una parte del escrito señala a la letra:
”...Se inicia el procedimiento por infracciones a la Ley en contra del proveedor PROMOTORA RESIDE, S.A. de C.V. otorgándole un término de diez días hábiles para que rinda pruebas y manifieste por escrito lo que a su derecho convenga...”.
Y como la empresa se empecinó en quedarse con 45 mil pesos que uno de sus posibles clientes había depositado como parte de un enganche, el trabajador afectado ha decidido entablar una demanda penal en contra de Promotora Reside por el delito de fraude ya que, como se establece en el acuerdo de la Profeco, la constructora en ningún momento acreditó haber prevenido al consumidor sobre la posibilidad de que le roba... lo penalizarían con esa cantidad y otra igual si no continuaba con la compra.
