MORELIA, Mich., a 29 de octubre del 2009.- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Michoacán manifiesta su satisfacción por las 2 recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los derechos Humanos, en contra de la SSPF y de la PGR, en las que se acreditaron que se violaron los derechos humanos de los políticos michoacanos recluidos en el Cefereso #4 de Tepic, Nayarit, mejor conocido como “El Rincón”.
Las recomendaciones son en el sentido de que se acreditaron violaciones a los derechos humanos de los políticos presos tanto en su detención como en las condiciones en que se encuentran recluidos.
El Ombudsman en Michoacán, Víctor Manuel Serrato Lozano reconoció la labor realizada por la delegación Michoacana conformada por la diputada local, María Guadalupe Calderón Medina; el senador, Silvano Aureoles Conejo así como la activista, Cristina Cortés Carrillo y desde luego, por la CNDH a través del Tercer Visitador, Raúl Plascencia Villanueva.
“Sobre todo porque tenemos conocimiento que la Comisión Nacional enfrentó varios obstáculos en la realización de su trabajo, entre ellos, la negativa de la PGR a entregar los informes solicitados en tiempo y en forma”, señaló Serrato Lozano.
De acuerdo con el propio José Luis Soberanes Fernández, presidente de la CNDH “además de la PFP, también la Procuraduría General de la República violó sus garantías cuando no permitió a la CNDH allegarse de la información necesaria del caso ni tampoco respetó los derechos de los agraviados sus derechos de legalidad, seguridad jurídica, debido proceso y defensa previstos por la Constitución”.
Las recomendaciones en contra de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y de la PGR son por haber incurrido en actos violatorios de los derechos humanos en el proceso vinculado a la detención de los ex funcionarios de Michoacán.
La CNDH concluyó que el organismo contó ”con elementos para acreditar violaciones al derecho a la legalidad consistentes en allanamientos de diversos edificios públicos del estado de Michoacán atribuibles a servidores públicos de la entonces Policía Federal Preventiva sin cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 67 del Código Federal de Procedimientos Penales”.
Además, de acuerdo con la CNDH, los indiciados no contaron con las garantías de ley para los procesos legales que hoy enfrentan.
De acuerdo con el artículo 46 de la Ley de la CNDH, las autoridades en contra de las cuales se emiten recomendaciones cuentan con un plazo de 15 días para aceptarlas, una vez que les han sido notificadas oficial mente. Y de acuerdo con el artículo 47 de la misma Ley no procede ningún recurso para echar abajo una recomendación del organismo nacional.
Luego del operativo federal realizado el 26 de mayo en que se detuvieron a los ex funcionarios michoacanos, el 27 de junio la CEDH comenzó a recibir las quejas de los familiares de cada uno de los ahora presos en Tepic, Nayarit e incluso de los ediles puestos en libertad.
