Frente a la decisión del gobierno federal de acabar con la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (CLyFC) se ha desplegado una millonaria estrategia mediática para justificar la decisión de cerrarla de manera sorpresiva, intempestiva y cuestionable en su legalidad.
Se trata de construir “la verdad política”, a través de manipular la percepción de la sociedad, con información tendenciosa, el apoyo de los medios, de líderes de opinión venales y superfluos y supuestos consensos populares –de corte empresarial, en su mayoría, y con voces ad hoc de la sociedad-. Sin duda hay análisis que también, de manera auténtica, han expresado su hartazgo frente a la corrupción, ineficacia y dispendio de recursos y ven, en el caso de la CLyFC, la encarnación de todos los males de la administración pública y su pertinencia de acabar con ellos, empezando ahora con ese organismo –“nunca es tarde”, aducen- y esperando que se siga con otros más, cosa que no pasará.
Otros, de esos analistas agudos ven, empezando con el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), la posibilidad de acabar con privilegios de líderes y con el corporativismo sindical –“¿a quién le importa el sindicato?; sólo a los que lucran con él”, afirman- y, de paso, criticar las posturas de la izquierda social y política favorable y solidaria con los trabajadores electricistas. Los detractores de López Obrador se regodean atacándolo porque ven en su apoyo al SME una actitud oportunista y no de preocupación por los ciudadanos de a pié, dado los altos costos de la energía y la ineficacia operativa de la CLyFC y que, a fin de cuentas, nos afecta a todos.
“¿El cierre de la empresa paraestatal beneficia o no al pueblo?”, parece ser la pregunta que quiere centrarse en la opinión pública para dar entrada al discurso mediático que legitime la acción gubernamental –“dolorosa pero necesaria”; “la única”, nos receta, aparentemente resignado pero enfático, cada que puede, el Ejecutivo-, sin importar las formas y el estado de derecho. Por último, están los que ven en la ejecución de la decisión oficial una “operación impecable”: se tenía que hacer así ante un sindicato poderoso y capaz de llegar a la violencia –o sea, hay que dar el golpe, el descontón, primero. De hecho, el sindicato ya había amenazado con emplazar a huelga a la empresa por violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo (CCT).
Así las cosas y la polarización del debate, preguntarnos ¿y la democracia qué?, razonar por la calidad de nuestro régimen parecería francamente ocioso. Pensar que la democracia es algo más que ir a votar y querer hacer válido la aspiración constitucional de convertirla en un “sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”, es cosa de idealistas, románticos y utópicos. Sin embargo, para a cambiar a este país por vías pacíficas o apelamos a prácticas democráticas o nos preparamos para la violencia.
Decía Leonardo Morlino que la calidad de las democracias se mide con cinco indicadores –de esos que agradan tanto a los tecnócratas que hoy nos gobiernan y claro, les gustan sólo los indicadores que ellos fijan-: 1) el respeto a la ley; 2) la rendición de cuentas; 3) la capacidad de respuesta gubernamental expresada en su legitimación y en la satisfacción de la sociedad a sus demandas y expectativas; 4) el respeto pleno a las libertades y derechos políticos y civiles, y 5) una progresiva ampliación de igualdad política, social y económica.
Cómo se verá, empezando por el primer punto, lejos, muy lejos, estamos hoy de tener una democracia que vaya más allá de los avances habidos en materia electoral -con todos los inconvenientes que podamos cargarle.
El respeto a la legalidad campea en todo el conflicto. Desde la manera discrecional, corporativa y política con que la autoridad laboral maneja las tomas de nota –si se tratara de un sindicato dócil y subordinado al gobierno y los patrones, no habría problema para reconocer su dirigencia sindical, pero un gremio incomodo como el SME, es otra cosa-, pasando por el escalamiento artificial del conflicto sindical entre dos grupos, alentado desde el gobierno, hasta la justificación “legal” y “social” del decreto.
¿Qué tiene que ver el artículo 89 constitucional fracción I, invocado en el mismo, con su emisión cuando no pasó por el Congreso?, ¿dónde están las facultades del Ejecutivo para desaparecer paraestatales sin agotar procedimientos administrativos y laborales? –tuvieron que inventar uno, al vapor, para justificar la aplicación de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y el señalado en la Ley Federal del Trabajo, referente a los conflictos colectivos de naturaleza económica, de plano les valió gorro. En ese procedimiento en específico se prevé, como premisa el acuerdo entre las partes; la relación laboral colectiva es esencialmente bilateral. Aquí, el gobierno le tuvo miedo a cumplir la ley, a dialogar francamente con el sindicato sobre sus intenciones –quiere decir, de plano, que se trató de un golpe autoritario, un golpe de mesa “ejemplar”, frente a una organización social que se rebelaba ante la intromisión del Secretario del Trabajo en su vida interna.
En el segundo, la opacidad y la impunidad siguen siendo la característica singulares de nuestros gobernantes, si no, ¿cómo se explica que la decisión de un cierre de una empresa del Estado pueda hacerse el sábado, a las 11 de la noche, tomando las instalaciones de la empresa con policías federales, aislando el acceso a las oficinas centrales e impidiendo el libre tránsito en la zona con barreras de acero y sacando un decreto presidencial para extinguir a la CLyFC un domingo?, ¿quién va a llamar a cuentas al gobierno para que explique por qué toleró la ineficiencia en la CLyFC por tantos años y sobre la verdadera razón de la medida? y aún más: ¿por qué si ya había un proceso administrativo en marcha para solicitar el cierre de la CLyFC desde septiembre no se incluyó en el paquete económico 2012 dentro de las entidades a desaparecer?.
Con respeto a quien defiende esa presunta acción audaz o cobarde, como se quiera –ambas, indignas de un gobierno que se dice democrático y respetuoso de la ley-, sólo podría concluirse que se trata de una conducta característica de los gobiernos autoritarios.
Se tuvo miedo a cumplir la ley, a decir la verdad a los trabajadores y actuar de cara a la sociedad. Se trató al SME como a un delincuente. Y habrá quien sostenga que así es, que son delincuentes –sin duda, la práctica sindical en general está cuestionada y en el SME hay vicios graves, pero meterlo en el mismo costal de los sindicatos charros, es no conocer su historia-, sin embargo ese tipo de comentarios es el que alienta la cultura corporativa del control, la componenda entre líderes, patrones y gobierno, y el autoritarismo, en vez de prácticas democráticas y transparentes –a pesar de ello, un ciudadano común se preguntará, si a ésas vamos ¿por qué no actuar así contra Joaquín Gamboa Pascoe, Elba Esther Gordillo, Carlos Deschamps, Manuel Espino, Víctor Flores, ya que pesan contra ellos acusaciones públicas más fuertes, incluso, en algunos, de asesinatos. Es simple la respuesta: son aliados del régimen, son fieles al sistema y anti-lópezobradoristas declarados. Eso los protege.
Adicionalmente, sólo para los que no creemos en la buena voluntad del gobierno y su preocupación por los ciudadanos y los pobres –para quien tenga duda, ahí está su propuesta fiscal que no le toca un pelo a los privilegios fiscales de las grandes empresas-, uno se pregunta ingenuamente, ¿por qué si la cosa estaba tan mal en la CLyFC, el gobierno pasado y éste no resolvieron de inmediato la anómala situación de la empresa y así se ahorraba dinero público, se metía a la cárcel a los corruptos y se ayudaba así a los que menos tienen?, ¿por qué se dejó de invertir y no se cambió la forma inequitativa de operar entre la CFE y la CLyFC?, ¿por qué no se fusionó desde hace años la CFE y la CLyFC como estaba previsto legalmente?. La respuesta es simple: ganó y ganará la conveniencia política. No interesa la gente ni interesa resolver el problema del servicio ni bajará la tarifa. Los beneficios vendrán, si vienen, no por el golpe al sindicato sino por hacer lo que se dejó de hacer todos estos años: modernizar en el centro del país la red eléctrica.
Habrá quien diga, bueno “más vale que se actúe tarde que nunca” y “alguna vez se tenía que hacer”, pero es sospechoso, por decir lo menos, que se haga aprovechando un conflicto sindical y un manejo ilegal y discrecional de las tomas de nota –hay sindicatos y confederaciones que ni siquiera hacen asambleas para elegir a sus dirigentes; hay líderes sindicales que nunca entregan cuentas de las finanzas a sus agremiados, bueno hasta existen sindicatos que ni siquiera saben sus integrantes que pertenecen a él y la autoridad les cobija; son sindicatos corruptos manejados por las empresas y a ellos no les niegan las tomas de nota. Lo que se premia es la docilidad sindical. El SME no era hoy un sindicato a modo.
El tercer punto sobre la legitimidad del gobierno y su capacidad de satisfacer las necesidades poblacionales sólo habría que remitirnos a dos hechos: la dudosa elección del 2006 y la gran promesa incumplida de esta administración: empleos que no llegan y en cambio se disminuyen –echarán a la calle, por este conflicto, a 30 mil y re-contratarán a 10 mil, según prometen las autoridades, ah, pero eso sí les asesorarán para crear “changarros”-.
El asunto de la CLyFC sólo se torna más patético cuando se descubre que el mal estado de la administración ha sido propiciado no tanto por los trabajadores sino por decisiones públicas irresponsables que intentaron asfixiarla; sus principales deudores son entidades públicas y grandes empresas –más allá de los diablitos de las colonias populares. Siendo ambas paraestatales, ¿cómo se explica que la CFE le venda la luz a la CFyLC y sólo le deje un pequeño margen para sus gastos operativos y su necesidad de modernizarse?. Ese esquema era inviable desde que se le concibió –en el fondo se trataba de mantener a raya un sindicato que por momentos fue favorito del régimen y por momentos se le temió y se le marginaba, más en los últimos años que se acercó al movimiento encabezado por López Obrador. En el fondo, se ha carecido de una estrategia para paulatinamente ir unificando y fortaleciendo una política pública en materia energética –la sinergia del gobierno ha estado más orientada a su privatización.
En cuanto a las libertades civiles establecidas para medir la calidad de una democracia, vemos que cada vez se acotan más a través de regulaciones draconianas en materia penal, fiscal y laboral. El gobierno se arroga crecientemente facultades discrecionales para irrumpir en la vida privada de las personas, escuchar conversaciones entre particulares, para hacer cateos sin órdenes de jueces, para prohibir el libre tránsito, para que las autoridades impartan justicia de manera discrecional y sobre bases precarias. Siempre con el pretexto de combatir la delincuencia organizada, pero cada vez más y de manera preocupante las libertades se disminuyen -hay ciudadanos que aplauden esas medidas con la esperanza de que el gobierno, ahora sí, actúe firmemente haciendo cumplir la ley, pero lo que pasa es exactamente al contrario.
Hoy hay más impunidad y desigualdad; hoy, como antes, la ley se aplica de manera tendenciosa, opaca y facciosa. Y la democracia se usa convenencieramente en los discursos, se le alude cuando viste y se le guarda cuando gana la fuerza. No hemos salido de la simulación.
Es cierto, la democracia tiene que traducirse en bienestar y eso pasa por no solapar la ineficacia ni las componendas a expensas de la gente, de las mayorías, pero también por el respeto a la ley y la certeza jurídica.
El deber ser indica que las partes, el gobierno y el sindicato, se debieron y se deben sentar a revisar conjuntamente las condiciones de operación de la empresa –nadie las conoce mejor que ellos y entre ellos no se pueden manipular cifras- y así encontrar una solución al conflicto. Es cierto que la CLyFC no podía continuar igual, es cierto que hay prácticas de la administración y del sindicato que debían ser desterradas, es cierto que falta una estrategia integral del Estado en materia de electricidad, pero no es posible dar esa discusión de cara a la sociedad donde se oigan las voces de las partes y no sólo la del gobierno.
Uno quisiera creer que en efecto, con la desaparición de la CLyFC nos llegarán todas las bondades que el gobierno promete en su publicidad, pero tal parece que no hemos aprendido del pasado: como nuestros gobiernos no rinden cuentas, juegan con la desmemoria colectiva y la manipulación de los medios, el régimen de privilegios para los de siempre no cambiará y los ciudadanos de a pié seguiremos igual, esperando a Godot. Nada cambiará si no le damos espacio a la democracia, si no respetamos para la convivencia pacífica y los acuerdos, los valores que le son inherentes: diálogo, tolerancia, pluralidad, respeto, confianza, inclusión. Para eso, no sólo para votar, también sirve la democracia.
