* REPUDIO A LOS NUEVOS IMPUESTOS
* INTERESANTE LA PROPUESTA SOBRE MINERÍA
A nadie le gustan los impuestos. Son de esas cosas que, como su nombre lo indica, se imponen, no se votan. Como las órdenes, se aplican, no se discuten. Una reciente encuesta mostró que el 80 por ciento de los mexicanos se muestra en contra del famoso “impuesto a la pobreza” propuesto por el presidente Felipe Calderón, del 2 por ciento al consumo.
El problema es que a los mexicanos se nos quiere asestar adicionalmente a esa cifra, que se sumaría al 15 por ciento al Impuesto al Valor Agregado (IVA), un 4 a las telecomunicaciones –Internet y TV por cable-, un 3 (ya no un 2) a los depósitos en efectivo que sean mayores a los 15 mil pesos mensuales (antes eran 25 mil) y un 2 más al Impuesto sobre la Renta (ISR), para llegar a un 30 por ciento.
Los empresarios aplauden un 2 por ciento más al consumo, aplicado en forma generalizada, pero se muestran en contra del 30% al ISR bajo el argumento de que desalentará las inversiones.
Las empresas telefónicas y de televisión se oponen al incremento a la telefonía y a la TV restringida. Y la gran mayoría de los mexicanos repudia al 2 por ciento al consumo, que con razón partidos opositores llaman “un IVA con antifaz”.
El problema es que la cascada de impuestos se aplicará en momentos en que el gobierno debería de ejecutar una política de expansión del gasto y de mayor endeudamiento externo, como lo están haciendo otras economías en el mundo, para hacer frente a la recesión.
Pero el secretario de Hacienda Agustín Carstens argumenta que no se puede violar el sacrosanto manual del neoliberalismo que recomienda un déficit público bajo. El gobierno pretende mantener un déficit de 0,5 por ciento, cuando la oposición pretende que por lo menos llegue al triple.
Carstens afirma que en México no tenemos activos suficientes para garantizar los adeudos que financiarían ese déficit. El petróleo ya no da para más. El año que entra habrá un boquete presupuestal de unos 300 mil millones de pesos que necesitaremos subsanar con impuestos, créditos, derechos, tarifas más altas a la electricidad y el gas, etcétera.
Aunque se argumente que el 2 por ciento al consumo se etiquetará al combate la pobreza, nadie garantiza que efectivamente así ocurra. ¿Cómo evitar que parte de ese dinero se quede en el camino y sirva para enriquecer a la alta burocracia encargada de administrarlo?
El panorama el año que entra será ciertamente complicado. Aunque este año la economía podría caer un 8 por ciento del Producto Interno Bruto, el próximo año supuestamente comenzaría la recuperación, después de que el gobierno afirmó que hemos tocado fondo.
Pero si se aprueba toda esa gigantesca cascada de aumentos posiblemente habrá recuperación a nivel macroeconómico, pero no a nivel de los bolsillos de los trabajadores.
Porque aún si hubiera un aumento a los salarios mínimos del mismo nivel de la inflación esperada, pongamos un 5 por ciento, se diluiría si se tiene que destinar un 2 al consumo, un 4 a la telefonía celular y más impuestos por ejemplo a cervezas y cigarrillos. Probablemente lo que hará la gente, es llamar menos por celular, cancelar la televisión por cable y dejar de fumar y beber.
Aún así no podrá dejar de comer, para lo cual tendrá que pagar 2 por ciento más. Por todo esto, es necesario adoptar otras medidas que no recaigan como hasta ahora sobre los hombros de las familias de menores ingresos.
Por ejemplo, la abolición de los regímenes especiales, y de los privilegios de algunos miembros de la aristocracia sindical. Los cuantiosos subsidios que se canalizan a sindicatos como el petrolero, magisterial o el de la compañía de luz, deben recortarse al máximo si no es que desaparecer.
Pero para poder acabar con estos intereses creados será necesario que el gobierno se faje los pantalones. También es necesario que las 50 compañías más grandes del país, sean obligadas a pagar íntegramente sus impuestos, evitando la llamada “elusión fiscal” que es tan dañina como la “evasión de impuestos”.
La “elusión fiscal” es posible gracias a los vericuetos legales que permiten a empresas gigantes aprovechar las lagunas en las normas para gestionar millonarias devoluciones de impuestos, con el apoyo de verdaderos equipos de expertos abogados y contadores fiscalistas.
Pero también se requiere para ello de voluntad política de los partidos políticos y de nuestros representantes en el Congreso, que suelen ceder fácilmente tanto a los chantajes como a las presiones y no pocas veces a la seducción de los cabilderos de las grandes compañías.
Otra medida interesante que evitaría a los mexicanos sufrir una verdadera avalancha de impuestos el año que entra, es la que actualmente impulsan las 2 principales fuerzas opositoras en el Congreso, el PRI y el PRD.
Se trata del llamado “impuesto a la minería, que quintuplicaría la recaudación en esta materia y los recursos se canalizarían hacia los estados. El 80 por ciento de los fondos obtenidos iría a dar a los estados mineros como Sonora, Zacatecas, Chihuahua y Coahuila y el 20 restante a los estados no mineros.
Se trata de un nuevo derecho a la extracción por el 4 por ciento de las ventas, que permitiría obtener unos 4 mil 700 millones de pesos. La cifra quintuplicaría el monto actual por derechos a la minería pagados el año pasado, de 837 millones.
Y es que actualmente las compañías mineras, según la Ley Federal de Derechos, pagan cada semestre por hectárea o fracción concesionaria, no por la productividad, como ocurre en muchos países. México se ubica en el lugar número 13 como el destino más atractivo para invertir en la minería, por encima de Brasil y Perú, que como sabemos es el principal productor mundial de plata.
Actualmente se pagan derechos que podrían resultar hasta ridículos -entre 5 y 100 pesos por hectárea- mientras compañías de gran envergadura como el Grupo Minero México o Peñoles se enriquecen en grande con los recursos del subsuelo.
El país acaparó el año pasado más del 7 por ciento de la inversión mundial en minería. Bajo el nuevo régimen de inversión, probablemente los flujos de capitales sean menores, pero el dinero recaudado sería deducible contra el impuesto sobre la renta o el denominado IETU.
Aparte, tendría el atractivo para muchas mineras que explotan terrenos improductivos, porque los impuestos se pagarían en función de la productividad.
El senador priísta Francisco Arroyo Vieyra, promotor de la iniciativa, señaló al diario Reforma que bajo el actual régimen, “a las comunidades sólo les queda la destrucción del medio ambiente y la extracción de recursos no renovables sin recibir ningún beneficio a cambio”.
Quizá esta iniciativa no les convenga a los magnates de la minería como Germán Larrea, del Grupo Minero México, peleado a muerte con el exiliado Napoleón Gómez Urrutia, líder del sindicato minero, o Alberto Bailleres, de Grupo Peñoles, pues tendrían que pagar entre el 22 y el 23 por ciento de sus utilidades al fisco.
Grupo México obtuvo 18 por ciento de utilidades respecto a sus ventas totales en el primer semestre del presente año, mientras Peñoles obtuvo el 17.
Pero para la mayoría de los mexicanos, se trataría de un impuesto justo que verdaderamente podría contribuir a combatir la pobreza en numerosas regiones mineras del país, como Coahuila, Sonora, Zacatecas o Chihuahua.
Los más ricos, en la hora actual, deben pagar lo justo para poder sacar al país del despeñadero. No es posible que se siga cargando sobre la espalda de los trabajadores y de la clase media, el pesado fardo de los impuestos, pues lo único que se logrará es profundizar la enorme desigualdad que golpea con cada vez mayor fuerza a nuestro país.
GRANOS DE CAFÉ
El desempleo en México alcanzó el máximo nivel de los últimos 14 años, al ubicarse en el 6, 28 por ciento, cifra que contrasta con el explosivo aumento de la alta burocracia en la actual administración, que abarca a subsecretarios, directores generales, directores adjuntos y jefes de Departamento, cuyos salarios son los más onerosos para el presupuesto.
De acuerdo con el último reporte sobre el desempleo emitido por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), y datos contenidos en el portal “Reporte Indigo” sobre el desmedido aumento de plazas para la alta burocracia, el país vive la mayor incongruencia en su política laboral, como lo prueba el proyecto para eliminar 3 secretarías de Estado y 100 mil puestos burocráticos, mientras que las jefaturas de departamento crecieron en más de 30 mil puestos en los primeros 3 años de la actual gestión federal.
A pesar de la contundencia de estos datos, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, desplegó una estrategia de de amortiguamiento, al recurrir a la trillada comparación del número de desempleados en México con respecto a otras economías como la de Brasil, sin reparar en el hecho de que mal de muchos consuelo de tontos.
De acuerdo con el INEGI, el 6.28 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) está sin empleo y de ella, las mujeres son las más afectadas, con una tasa del 7.20.
Cabe recordar que durante la gran crisis de 1995, la tasa de desempleo máxima que se registró fue de 7 por ciento, con la atenuante de que había petróleo y los precios del hidrocarburo se mantuvieron a la alza.
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