Que no den por muerto el 2 por ciento
Se están apurando, y pienso que demasiado, quienes dan por muerto el impuesto generalizado de 2 por ciento que sería utilizado para combatir la pobreza.
La discusión tiene que ver, y de ello hay muchas pistas, sobre el manejo de los recursos. Los priistas han insistido en que no están convencidos que el programa Oportunidades sea el adecuado para otorgar el apoyo a los más pobres. Lo ven asistencialista y no les falta razón. Desde el sexenio de Ernesto Zedillo se desmontó el proyecto de Solidaridad, que estaba basado en la participación de las comunidades. La diferencia es más que evidente y sus resultados también. En aquello años se logró abatir la pobreza alimentaria y ahora aumentó de manera nada despreciable.
Un estudio de la CEPAL y el INEGI midió la eficacia del combate a la pobreza bajo el esquema de una participación activa de las propias comunidades entre 1984 y 1992, cuando gobernaba Carlos Salinas de Gortari.
En ese lapso la pobreza extrema se logró reducir en un 8.7 por ciento. También se redujo en números relativos ya que pasó de representar un 19 por ciento a un 15 por ciento de la población.
Algunos gobernadores, y en particular los del PRI, no verían nada mal el contar con recursos adicionales y más si son para el ámbito de los social.
Si el gobierno se flexibiliza y acepta un esquema distinto, en que los estados obtengan una parte de ese nuevo ingreso, es muy probable que el año entrante tengamos, ahora sí, un impuesto generalizado al consumo.
Pero si esto se logra, tampoco hay que cantar victoria, ya que buena parte de la eficacia de un impuesto así, radicará en cómo se apliquen los planes para atenuar las dificultades en que vive la población más pobre.
Los gobernadores y los diputados son voraces, es verdad, pero el gobierno federal no lo es menos y si de lo que se trata es de compartir responsabilidades se puede pensar en políticas diversas que hagan gala del federalismo que por momentos nos falta.
Una objeción podría ser que los recursos no serían bien utilizados, pero esto puede resolverse con las etiquetas y los candados adecuados.
Agustín Carstens, el secretario de Hacienda, dijo hace unos días que la mayoría de la población estaría de acuerdo en hacer un sacrificio si esto implica ayudar a las franjas más pobres. Creo que este consenso, en el que caben todos los partidos, puede ser aprovechado para impulsar una política distinta, pero sobre todo para impulsar un modelo de desarrollo más eficiente, que propicie el crecimiento y que garantice una política económica que corrija nuestras desigualdades.
