MORELIA, Mich., 17 de agosto de 2009.- Ante el recorte presupuestal anunciado para el sector educativo por el orden de los 7 mil 186 millones de pesos, de los cuales a Michoacán le quitarían 2 mil 200 millones de pesos, miembros de la Dirección Colegiada Estatal Democrática (DCED), rechazaron la determinación del gobierno federal y advirtieron movilizaciones a fin de exigir que no se afecte el rubro educativo.
Aunque no precisaron la fecha en la que arrancarán con las manifestaciones masivas de rechazo, adelantaron que el posible despliegue será acordado de manera conjunta con integrantes del Frente Amplio de Izquierda Social (FAIS).
A decir de Luis Árciga Anzo, representante de la DCED, con dicha decisión se podrán recortar programas en el sector tales como entrega de becas, uniformes escolares, transporte, entre otros.
No obstante, negó que la salida a la problemática presupuestal que enfrenta la entidad obedezca a las sumas cuantiosas que el gobierno estatal entrega a comisionado sindicales, por lo que justificó que es la propia organización sindical la que cubre gastos además de que operan mediante una ‘política de austeridad’, dijo.
Defendió que el que se haya anunciado un recorte federal “es responsabilidad de las política equivocada de Felipe Calderón, nosotros estamos en un plan de austeridad, tenemos 197 comisionados que no representan sangrar el presupuesto educativo ni un gasto para el gobierno del estado, esto no es de comodidades, no es gusto particular, nosotros sufragamos nuestros gastos, no tenemos prebendas”, aseguró.
En este tenor y tras la reunión que sostuvieron con la secretaria de Educación, Graciela Andrade, el cuadro magisterial reiteró el rechazo a que se concursen las plazas de la programación detallada mediante una estrategia estatal tras considerar a la aplicación federal como un proceso que no fue transparente.
“De más de 71 mil aspirantes que concursaron sólo se quedaron 8 mil 234, es decir sólo el 61 por ciento aprobó que serán contratados de manera temporal con la condicionante de que pudieran retirarlos en seis meses; no hay garantía de transparencia e información”, acusó Árciga Anzo.
Por tanto, pugnó porque sean las propias delegaciones y centros de trabajo quienes concursen citada plazas.
En su oportunidad, José Javier Merlos Sánchez, también representante de la DCED, precisó los acuerdos que entablaron con la titular de la SEE, entre los que se ratificó el compromiso por parte de la autoridad y del gobierno del estado de no reconocer a nombramientos unilaterales que fueron otorgados al cuadro antagónico que dirige Jorge Cázares Torres, asimismo quedó de manifiesto por parte de este gremio sindical el rechazo a la aplicación de la Alianza por la Calidad Educativa (ACE).
De igual forma precisó que se acordó sentar una mesa de diálogo con el delegado Administrativo Gustavo Sierra Valdés, a fin de saldar adeudos y pendientes sobre pagos y trámites atrasados como el pago de siete días económicos no disfrutados entre otros bonos.
Por último y antela posibilidad de que personajes como Rafael Mendoza Castillo, ex funcionario de la SEE o Francisco Albarrán y Fausto Barriga pudieran llegar a cargos medios en la dependencia, la DCED pactó con la responsable de la política educativa en el estado presentar perfiles para ocupar tales cargos.
