La LXXI Legislatura del Congreso del Estado se apresta a tomar una de las decisiones más delicadas e importantes en sus casi 19 meses de actividad, un periodo que -por cierto- ha sido poco productivo en relación con los temas que más involucran los intereses de la población.
Si los acuerdos en reuniones privadas se honran, a más tardar el viernes próximo los integrantes del órgano parlamentario tendrán materia prima para trabajar tras un polémico e impopular receso de 15 días; es decir, conocerán los nombres de quienes tanto las dirigencias partidistas como los coordinadores de bancadas deben hacerse cargo de los ochos municipios que quedaron acéfalos tras la incursión policiaco-federal del 26 de mayo en la entidad.
Hasta el momento, en dichas demarcaciones son muchos los políticos y algunos empresarios, incluso, los que han levantado la mano, pero lo han hecho en reuniones privadas y no públicas.
Su actitud, hay que consignarlo, está más motivada como un factor de presión a la hora de las decisiones, que por intereses colectivos.
La estrategia es la de obtener o mantener ciertas concesiones, y no el tomar el timón de un barco que se dirige a fuertes tormentas, como la de la caída en el ingreso de las participaciones federales, la fuerte presencia y accionar de la delincuencia organizada y una conflictividad social en ascenso en tiempos de crisis económica y financiera.
Ante este panorama, los diputados tienen la tarea de revisar a conciencia todos los perfiles que les presenten las dirigencias de los partidos y sus coordinadores legislativos.
Si honran su promesa de trabajar por el bien común, llevarán, entonces, a las presidenciales municipales a quienes tienen los mejores argumentos políticos, económicos, financieros y sociales para llevar a buen puerto a una nave que desde hace mucho tiempo adolece de buenos sistemas de operación. En poco tiempo sabrán, en cambio, si se equivocaron
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Fuertes nubarrones esperan a los gobiernos municipales lo que falta de 2009 y todo 2010, por las secuelas económicas y financieras de la crisis que si vive a largo y ancho del planeta.
Aunque el gobierno estatal ha planteado algunas medidas para que las administraciones de dichas demarcaciones hagan frente a los fuertes problemas de liquidez económica que tienen y se avecinan, no son pocos los alcaldes quienes en este momento descartan hacer uso de un adelanto de las participaciones federales.
Cierto, las tasas de interés los inhiben, pero prácticamente ninguno de los ediles ha encarado la necesidad de abatir los altos índices de gasto corriente, de eficientar al máximo el funcionamiento de obesos aparatos administrativos bajo sus responsabilidades y evitar con ello que la astringencia monetaria impacte en la evolución de los programas sociales.
Expertos en temas municipales advierten sobre el riesgo de estallidos sociales si la situación se agrava en no pocos ayuntamientos tanto de Michoacán como del resto de la república mexicana.
Bajo este contexto, el llamado tercer nivel de gobierno no tiene otra alternativa más que la de utilizar los recursos económicos que le lleguen de una manera inteligente.
La coyuntura demanda el fin de los tiempos en que los presupuestos son botín de las fuerzas políticas que ganan el poder, dejándole las migajas al grueso de la población.
Incurrir en la vieja práctica conlleva muchos riesgos y el clima social imperante en varios puntos de la entidad más temprano que tarde se desbordaría con consecuencias imprevisibles.
Hay un tejido social muy dañado por largos años de descuido e indolencia de la llamada clase gobernante y hoy en el pago de esa factura no debe subestimarse la convergencia de muchos factores, entre ellos, por supuesto, el de la delincuencia organizada.
Si el gobierno federal está verdaderamente interesado en darle una solución de raíz al problema del crimen organizado, hay que empezar desde abajo, desde los municipios, en donde se ha incubado un resentimiento social de fuertes dimensiones que hoy por hoy es el mejor caldo de cultivo para las mafias delincuenciales en sus múltiples expresiones.
Las señales, sin embargo, nos son alentadoras. Preocupantes, desastrosas, lamentables son las declaraciones de altos funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el sentido de que la administración que encabeza el panista moreliano Felipe Calderón Hinojosa no tiene ningún plan de rescate para ayuntamientos y estados en camino hacia la bancarrota financiera por la escasez de recursos.
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Infunde optimismo el que la secretaria de Seguridad Pública, Minerva Bautista Gómez, declare que las relaciones en la materia entre el estado y la Federación se encaminan hacia la normalización tras el operativo policiaco-militar del 26 de mayo.
Ni a Felipe Calderón ni a Leonel Godoy les conviene una confrontación en un tema que demanda la suma de esfuerzos.
Si la expresión de Bautista Gómez tiene base, hay que esperar, entonces, mejores resultados en el combate a la delincuencia en todas sus expresiones, y no serán pocos los michoacanos que empiecen a recuperar el aliento, la tranquilidad.
Un punto a favor de la exlegisladora es la realización, en Morelia, de una sesión de trabajo del Consejo Nacional de Seguridad Pública, durante la cual se analizó el primer balance de la Operación Conjunta Michoacán luego del reforzamiento de la misma tras el llamado “michoacanazo”.
