Los desencuentros entre los gobiernos federal y estatal han llegado a niveles extremos que en una gran parte de la sociedad michoacana empieza a predominar un estado de ánimo de incertidumbre, zozobra y pesimismo sobre el futuro inmediato.
El pulso entre las administraciones que encabezan los michoacanos Felipe Calderón Hinojosa y Leonel Godoy Rangel por la forma como se combate a la delincuencia organizada, ahuyenta también, y todos los días, a miles de turistas y decenas de empresarios nacionales e internacionales.
Si una y otra parte no se percatan cuantos antes de los fuertes daños sociales, económicos y financieros que está causando su confrontación, el estado entrará en una pronunciada pendiente de conflictos de muy difícil solución.
Ni el moreliano presidente de la república ni el lazarense gobernador michoacano abonan a la paz, seguridad y desarrollo de su tierra natal, cuando en la esgrima verbal que indirectamente sostienen, manejan posiciones irreductibles.
Tanto Calderón Hinojosa como Godoy Rangel saben que en la lucha al crimen organizado y el narcotráfico sus respectivos gobiernos no han hecho lo suficiente, de manera tal que una considerable franja de la sociedad sigue siendo rehén de ambos flagelos.
Si los dos funcionarios públicos de verdad quieren la paz, la seguridad y el bienestar de los michoacanos, deben dejar atrás sus intereses personales, de grupo y de partido y articular esfuerzos para erradicar un mal que rápidamente avanza y atrofia el tejido social.
Los tiempos de los gobiernos unipersonales ya no tienen cabida en la sociedad mexicana y el desafío de la delincuencia organizada demanda sumar y no restar a todos los miembros de las instituciones del Estado mexicano.
Pronto sabremos quién de los dos gobernantes causó más quebrantos a la sociedad michoacana, y ésta les cobrará la factura más rápido de lo que se imaginan.
Los movimientos de Calderón Hinojosa denotan la intención de llevar a Godoy Rangel a tal situación que no le quede otra alternativa que el de la renuncia.
El gobernador michoacano lo sabe y sus acciones de los últimos días están encaminadas a hacer fracasar el objetivo presidencial.
El titular del Ejecutivo federal mexicano hace una apuesta arriesgada. ¿Habrá calibrado la reacción internacional ante una actitud claramente autoritaria, en tanto no sustancie sus acciones?
Hasta el momento -y ese es un dato de una diputada local priìsta e integrantes de la CEDH y la CEDH- los detenidos el 26 de mayo en el llamado megaoperativo lanzado por la Federación en Michoacán no conocen de qué se les acusa.
Honrar a las instituciones y al Estado de Derecho demanda la presentación de pruebas sólidas y contundentes, argumentos jurídicos reales y no de testimonios imposible de documentar.
