Los testimonios recogidos por dos visitadores de la CNDH, el senador Silvano Aureoles, la diputada local Guadalupe Calderón, el ombudsman michoacano Víctor Manuel Serrato Lozano y el reportero Alejandro Vivanco ponen el descubierto que detrás del megaoperativo policiaco-militar del 26 de mayo pasado en Michoacán hay una vendetta política cuyos orígenes aún no pueden apreciarse.
Difícil será para la Procuraduría General de la República (PGR) seguir llevando el caso por el camino de la ilegalidad, de la conculcación de los derechos más elementales de los 24 prisioneros.
El presidente Felipe Calderón Hinojosa debe ordenar cuanto antes trasparentar todo el proceso, ya que de persistir la opacidad, más temprano que tarde organismos internacionales defensores de los derechos se involucrarán en el caso, y casi huelga adelantar que su administración saldrá muy mal parada.
Si el megaoperativo tenía fines político-electorales, la coyuntura se ha cerrado y la incursión policiaco-militar resultó contraprodudente.
Luego del llamado “michoacanazo” y hasta antes del 5 de julio, los panistas michoacanos pensaron que el golpe del calderonismo en tierras cardenistas les redituaría buenos dividendos en las urnas.
La equivocada estrategia está a la vista de todos y hoy por hoy el perredismo sigue siendo hegemónico en la entidad.
En suma, si el mandatario federal quiere consumar algún logro en la segunda parte de su sexenio, debe comenzar a enderezar la ruta y aceptar que hubo excesos con fines político-electorales durante las campañas proselitistas
Ya no se puede gobernar autoritariamente, y si en el caso de los exfuncionarios michoacanos sigue torciéndose la aplicación de la ley, no está lejano el día en que la comunidad nacional e internacional lo obliguen a enmendar.
Castigo para los culpables de nexos con el narcotráfico, pero siempre con apego al Estado de derecho, es lo que demandan no pocos sectores de la sociedad michoacana. Después de todo como dice el ombudsman nacional, ya no estamos en tiempos de la Santa Inquisición
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En Zitácuaro, la lucha por la presidencia municial sigue siendo subterránea entre las fuerzas políticas priístas locales.
Si el diputado local Juan Carlos Ponce sigue aspirando a ocupar el lugar dejado por Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela deberá realizar una titánica labor de cabildeo.
Son pocos, muy pocos, los que en Zitácuaro ven en el hoy presidente de la Mesa Directiva de la LXXI Legislatura a un hombre idóneo para llevar las riendas de la demarcación.
Al interior del Cabildo, hay algunos regidores, incluso, que no sintonizan con la forma “ruda” que tiene el diputado local para encarar algunos temas.
Es más, sostienen que Ponce no debería intervenir en el proceso para la designación de un edil sustituto, ya que no se puede ser juez y parte.
Por otra parte, las otras dos decenas de aspirantes a ocupar la silla vacía tienen bajo perfil y no son pocos los zitacuarenses los que destacan la pobreza de la clase política local para encarar el problema.
