La campaña del voto nulo ha causado protestas airadas de los partidos y del gobierno –y obviamente de sus corifeos. Es normal, se trata de una protesta en el terreno de su legitimación. Se trata entonces de una forma de “castigo” al sistema político-partidario en lo que hace a su representatividad; es un elemento más de su crisis.
En efecto, el sistema democrático liberal, basado en la representación, está en crisis. Recordemos que al crecimiento de las urbes ya no fue posible practicar formas de gobierno que permitían la participación directa de los ciudadanos en la toma de decisiones que hacían a la cosa pública. Así, se creó la modalidad de la representación para delegar, a través del voto libre, secreto y emitido de manera periódica, la toma de decisiones en un cuerpo colegiado que represente la pluralidad social –eso sería la Cámara de Diputados y de Senadores- o las personas que debieran gobernarnos a nivel municipal, estatal o federal.
La composición del sistema democrático liberal es más complejo de lo que se describe en estas líneas de manera esquemática, pero el propósito de explicar la transición de un modelo de democracia directa a otro de representación se cumple y permite entender, entonces, que para que dicho sistema operara había que condicionar el alcance de la representación y sujetarla a la voluntad de las mayorías. Votar por un representante no es darle un cheque en blanco para que haga lo que se le dé la gana; se trata de que cumpla un mandato que proviene de sus electores.
El ciudadano cede su soberanía, su capacidad de decidir –sobre ciertos tópicos de la cosa pública-, a cambio de que el representante se sujete a ese mandato y le rinda cuentas. Además, la Constitución le establece las atribuciones a las que está sujeto, el Estado de Derecho regula su comportamiento y se obliga, en sus funciones, no sólo a preservar principios y prácticas democráticas sino también a garantizar libertades mínimas de los ciudadanos y las sociedades. Con un ingrediente adicional: para ser representante o gobernante de una comunidad, en una democracia liberal, es necesario ser propuesto a través de un partido político –en algunos lugares pueden los propios ciudadanos postular a personas idóneas de la comunidad para ocupar un cargo público, sin necesidad de ser propuesto por un partido político legalmente registrado.
Bajo esta lógica la legitimidad de la representación deviene de la selección mayoritaria de los electores a través de procesos electorales legales, o sea del voto emitido de manera libre, secreta y razonada -informada. ¿Qué pasa entonces si en las elecciones participan pocos ciudadanos y más pocos votan por el representante “ganador”?, ¿qué pasa si el representante o gobernante que se elige no obedece al mandato de su electores sino que subordina sus decisiones al designio de poderes fácticos y/o de grupos que dominan sus partidos, o sea “sigue la línea” incluso, a veces en contra de sus propias promesas de campaña y de sus electores?, ¿qué pasa si los representantes no son transparentes en su actuación, no rinden cuentas y se rodean de un halo de impunidad y corrupción para derrochar recursos públicos?, ¿qué pasa si los votos obtenidos para ser elegidos no provienen de la deliberación y de una competencia equitativa, y si el sufragio no es emitido de manera libre sino producto de prácticas clientelares, corporativas o derivado de la coacción o de su compra –o a cambio de un costal de cemento, una despensa, una camiseta, dinero en efectivo o la promesa de un empleo, del acceso a un programa público, etc.?, ¿qué pasa si el voto se desvirtúa y no sirve para que los representantes populares o nuestros gobernantes decidan realmente sobre las cosas que le preocupan a los ciudadanos porque las determinaciones importantes se toman por fuera del control ciudadano –el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la OCDE, Televisa, los dueños de los grandes capitales, etc.-?, ¿qué pasa si los partidos, en vez de representar la pluralidad social, hacen a un lado sus plataformas ideológicas, se coluden en las decisiones trascendentes para la gente común y para anular su participación, con el propósito de salvar sus intereses comunes, sustituyendo la democracia por una “partidocracia”?
Faltarían interrogantes para esbozar y clarificar las causas por las que se puede afirmar que hoy el sistema de representatividad, emanado de la democracia liberal, está en crisis. Un ejemplo para responder alguna de los cuestionamientos anteriores. En nuestro país hay 300 distritos electorales a través de los cuales vamos a elegir, este 5 de julio, lo que se llaman diputados de mayoría relativa –los plurinominales, otros, 200, obedecen a otra lógica todavía más complicada de explicar bajo el principio de rendición de cuentas-. Se supone que cada uno de esos 300 representa cerca de 350 mil habitantes, 260 mil de ellos están en edad de votar. En estas elecciones, llamadas intermedias, vota alrededor del 40% de la población, o sea 104 mil. De ésos que votan, 5% aproximadamente, se van a votos nulos y candidatos no registrados, o sea 5,200, por lo que restan 98,800 votantes que se reparten entre los partidos registrados que compiten. Pensemos que el candidato que gane ese distrito lo haga de manera contundente con el 35% de los votos emitidos por partidos, o sea que gana con 34,580 votos, que representa el 9.9% de los habitantes del distrito y el 13% de los electores. O sea, va a ser “representante popular”, a tomar decisiones por todo el electorado, es más, por todo el pueblo, con el voto de 1 de cada 10 ciudadanos que pudieron elegirlo, ¿qué representatividad, qué legitimidad –que nivel de aceptación- puede tener ese diputado?
Ya ni siquiera nos metemos a estudiar la calidad de los votos obtenidos porque seguramente el nivel de legitimidad y representación se vería mermado de manera más severa –eso, es independiente del partido que sea; todos hacen lo mismo para conseguir el voto, unos más, otros menos, depende del lugar y su fuerza. El punto es que el sistema político-electoral no está diseñado efectivamente para sujetar a los “representantes populares” y a los gobernantes al mandato ciudadano ni siquiera para permitir la participación ciudadana más allá del voto electoral –los partidos son renuentes a aceptar las candidaturas independientes o a reconocer mecanismos de participación ciudadana que controlen la representación e, incluso de ser necesario, revocar el mandato. Le tienen miedo a la ciudadanía.
Lo peor es que cambiar el entramado político, está claro, que va más allá del sistema electoral y de partidos. Los partidos hoy, después de haber aprobado la reforma electoral han sido los primeros en violentarla –y en su “interpretación” han contado con el apoyo del TEPJF y del IFE para darle la vuelta-. Son los partidos juez y parte –y no escupen para arriba, no van en contra de sus intereses-, por eso, son ellos los primeros que se oponen a facilitar la capacidad autogestiva de la sociedad, a su “empoderamiento”; quieren seguir arrogándose la exclusividad de la representación y de su interlocución ante el desgaste de las organizaciones sociales tradicionales.
La crisis de representatividad está relacionada con la falta de legitimidad social de leyes, instituciones y programas que emanan de gobiernos con poca aceptación y sin capacidad –y voluntad- para trasformar las formas convencionales, clientelares y corporativas –“maiceadoras” y chantajistas-, de vincularse con la sociedad. Está relacionada con gobiernos ineficaces para cumplir las demandas ciudadanas y que simulan que deciden cuando están subordinados a interés más poderosos que los rebasan y se mueven en la opacidad, además con una agenda lejana a las necesidades populares. Está relacionada con un Congreso que tiene muy escaso margen y voluntad de acuerdo para decidir cosas que afectan a la sociedad y que a ésta, a la sociedad, le interesa cambiar o regular –la agenda “política” está divorciada de la agenda ciudadana; ya ni siquiera el Congreso es el espacio deliberativo por excelencia. Está relacionada, finalmente, con la turbulencia que amenaza la gobernabilidad democrática; con el malestar y el hartazgo social.
El voto hoy no sirve para cambiar la política económica ni para atender, efectivamente –no mediáticamente-, el problema de seguridad o para mejorar el sistema político o modificar la actitud soberbia de los partidos. El movimiento del voto nulo quizá no es una solución cabal a la crisis de representatividad que hoy padece nuestro sistema político, pero sí una posibilidad para explorar otras vías, democráticas y pacíficas, de cambio y de construcción de ciudadanía –incluso para fortalecer a la sociedad civil más allá de agrupamientos embozados que le hacen el juego a los partidos.
Quienes lo satanizan dicen, ingenuamente, que al anular el voto los ciudadanos se marginan de las decisiones que se toman en el Congreso, como por ejemplo, el contenido del presupuesto, que se pierde el derecho a exigirles –cómo si realmente existiera en las condiciones actuales- y que se desdeña la composición plural que debe acompañar su integración, metiendo a los partidos y sus diputados en el mismo costal. En realidad, si bien es cierto que ya existe un papel más protagónico –y menos subordinado- del Poder Legislativo frente al Ejecutivo, lo real es que hay muy poco margen de maniobra de los diputados para cambiar el presupuesto y el Ejecutivo, normalmente, lo ordena en base a lineamientos y prioridades impuestos por recomendaciones de los organismos financieros internacionales –recordemos en qué paró la disputa entre Fox y el Congreso al respecto. Al no haber reelección ni rendición de cuentas, ¿cómo se gana un ciudadano el derecho a exigir, cómo se defiende un ciudadano frente a leyes inconstitucionales o que afectan sus garantías individuales, como la que acaba de aprobarse en materia de seguridad?, ¿cómo puede culparse a los ciudadanos de ver a la “clase política” y a los partidos cortados con la misma tijera si ellos mismos se encargan de echar por la borda sus idearios, las formas democráticas de elegir a sus candidatos y con negociaciones pragmáticas, sin principios éticos e ideológicos, se igualan y venden su alma al diablo con tal de mantenerse en el poder?.
Es cierto que el presidente quiere un Congreso a modo a como dé lugar, igual que Salinas en 1991, para llevar a cabo y legitimar las reformas “estructurales”, neoliberales, que el gran capital considera pendientes. Desgraciadamente no es en el Congreso donde se va a parar la embestida de la derecha, sino en la calle y con la organización social. Se vislumbra también, desde ya, que más allá del movimiento que promueve anular el voto, vendrá una recomposición de fuerzas políticas progresistas en los años por venir. Eso veremos después del 5 de julio.
Hoy el Congreso no tiene, más allá de cómo votemos, la fuerza suficiente ni la voluntad para cambiar el estado de cosas actual porque su representación es precaria y el próximo sólo cubrirá el rol de comparsa –“apoyar al presidente”, más allá de idearios y compromisos electoreros. El riesgo es que si el gobierno y las fuerzas políticas no atienden la crisis de representatividad y legitimidad que hoy padece el sistema político la gobernabilidad democrática se verá, cada vez más, en serios problemas y no habrá ejército suficiente para restaurarla.
