Un malestar social que ha venido creciendo tiene que ver con aquella manifestación que propone anular el voto el próximo 5 de julio, fecha en que habrán de elegirse 500 diputados federales que conformarán la LXI Legislatura; 300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional (plurinominales).
Este malestar –que ya se califica como movimiento- ha provocado reacciones opositoras del gobierno, de los partidos y sus candidatos, así como de organismos empresariales y sociales neo-corporativizados –algunos abiertamente simpatizantes de algún partido-. Anular el voto ha sido calificado, por algunos líderes de opinión –del establishment-, de antipatriótico y antidemocrático.
El malestar del movimiento tiene varias fuentes. Citaremos las nueve más importantes:
1. La falta de legitimidad de quienes llegan a cargos de representación popular por la poca cantidad de electores que los votan –en promedio, llegan a ocupar su cargo con el voto de 2 ciudadanos de cada 10.
2. El alejamiento cada vez mayor de los partidos y sus candidatos de las necesidades y demandas de la sociedad.
3. La incongruencia y la falta de cumplimiento de las promesas de los candidatos. Cuando están en campaña ofrecen cosas sabiendo que no podrán cumplir –inclusive algunas fuera de sus atribuciones o acciones que no dependen de su voluntad, como el empleo o la seguridad.
4. La opacidad y antidemocracia con que se conducen los partidos para elegir a sus candidatos obedeciendo más a los intereses de grupos, a cuotas, que al proyecto partidario y a un perfil decente, coherente y capaz de candidato. Ahora ni la posibilidad de elegir al “menos malo” nos dejaron.
5. La cerrazón de los partidos para evitar que los ciudadanos puedan proponer candidatos independientes a fin de arrogarse, en forma exclusiva, la representación de la expresión plural de toda la sociedad. Así como para aceptar mecanismos de participación ciudadana en la Constitución.
6. El costoso financiamiento del sistema político, los privilegios de la clase política –sin distingos de partido- y el derroche que hacen de los recursos públicos, a pesar de la crisis y la pobreza que domina al país. El financiamiento público se justificó para evitar la entrada de dinero poco claro a la competencia electoral, pero lo cierto es que no se ha logrado.
7. La ineficiencia y anquilosamiento del sistema político para responder a las demandas sociales con oportunidad y apertura, mostrando su incapacidad para llegar a acuerdos básicos y su alta proclividad a subordinarse a los designios de poderes fácticos –de entes que no elegimos ni controlamos los ciudadanos y que son los que realmente deciden.
8. La impunidad y la corrupción que prevalece en la clase política para proceder con contundencia contra quienes violan la ley, usan sus cargos para fines personales –o familiares- o tienen nexos con grupos ligados al crimen organizado.
9. El sabotaje que la propia clase política y los tribunales jurisdiccionales ha hecho para reventar la reciente reforma electoral, que trataba de evitar la influencia de los medios y el privilegio que gozaban en cuanto al destino millonario de los gastos de campaña. Hoy tienen acceso, por la puerta de atrás, a ésos y más privilegios –entrevistas pagadas, por ejemplo, sin capacidad de fiscalizarse-, mostrando su capacidad para hacer fracasar la reforma que los partidos y el gobierno aprobaron. Incluso, los Tribunales han contribuido a ello permitido que la difusión de programas públicos, que no debía hacerse durante el periodo de campaña, pueda hacerse ahora a través de los partidos, los diputados vigentes y algunos gobernadores que no han dejado de aparecer públicamente promocionando su trabajo y, de paso, a su partido y candidatos, hasta usando recursos públicos.
La manifestación de descontento contra la “partidocracia” y la inoperancia del sistema político han generado diversas propuestas por parte del movimiento ciudadano para ser accionadas el día de la jornada electoral. Todas ellas se deslindan de la apatía y el abstencionismo. Además del llamado nulo o “voto blanco” -–algunos lo llaman así en referencia al libro de José Saramago, “Ensayo sobre la Lucidez”-, está la iniciativa de votar, en el espacio designado para ello en la boleta electoral, por un candidato ciudadano que se considere mejor que a los que proponen los partidos. Otros alientan que se vaya a votar, pero que no se deposite la boleta en la urna y que posteriormente se exhiba públicamente como protesta –sin embargo, esa alternativa, está tipificada como delito electoral.
Hay otras que pretenden ser intermedias –a fin de capitalizar la inconformidad-, alentadas desde el gobierno y algún partido para desestimular el creciente movimiento del voto nulo, y proponen ir a votar pero sólo por aquellos partidos y candidatos que suscriban o se comprometan con una agenda “ciudadana”, esencial y casualmente de seguridad.
Dos de las críticas más fuertes que se hacen al movimiento ciudadano por el voto nulo es que alienta el descredito de los partidos a favor de sistemas totalitarios –y, además dicen, le hace el juego a los dueños de los medios de comunicación que se han opuesto a la reforma electoral- y que, por otra parte, su origen surge de una negación, pero no es capaz de articular una agenda propositiva, sobre todo porque algunos de los que lo promueven, provienen de diferentes intereses y hay mezclados oportunistas y ardidos del sistema -por no haber alcanzado una candidatura en su partido, por ejemplo, el caso de Dulce María Sauri.
Sin embargo, no se sostienen esas dos críticas porque si bien la composición del movimiento es plural –lo cual es natural-, sí tiene algunas demandas manifiestas que permiten esbozar una agenda ciudadana alternativa y es precisamente su expresión lo que evidencia que, lo que contribuye al fortalecimiento de sistemas autoritarios y excluyentes, es precisamente dejar que la política la domine una casta al servicio del poder económico, que el sistema político siga divorciado de las necesidades de la gente y que el voto no sirva para nada, al menos para nada de lo que le interesa a la gente: acotar el poder, transparentarlo y pedirle cuentas; cambiar la política económica; participar en las decisiones de políticas públicas que le afectan; acceder a un sistema de salud y educación universal y de calidad; lograr una justicia expedita y combatir la impunidad y la inseguridad, son sólo algunos elementos de una agenda que no se discutirá en el Congreso.
Otra crítica a quienes proponen el voto nulo es que no diferencia y ve igual a toda la clase política y no distingue sus matices, lo disímbolo de sus voces y la opacidad y oportunismo de algunas, pero eso no es culpa de los ciudadanos sino de los propios partidos que, en su pragmatismo actual y la compra de votos en la que se hallan inmersos, han fomentado una cultura política camaleónica y lejana a sus idearios políticos.
¿Qué es entonces, lo que vienen proponiendo los partidarios del voto nulo que puede esbozar una alternativa al desempeño del sistema político vigente. Al menos, se destacan cinco demandas articuladoras de consenso:
- La transparencia, sin ambages, en la gestión pública y la rendición de cuentas.
- Simpatía por la reelección en cargos de representación popular para que la rendición de cuentas funcione y el voto sea una forma efectiva de castigar a aquellos gobernantes que no cumplan, que sean deshonestos y se alejen de las necesidades de la gente por servir a intereses facciosos y a poderes fácticos.
- Permitir las candidaturas independientes a fin de que los ciudadanos puedan impulsar a personas reconocidas por su capacidad y trayectoria cuando los partidos se obstinen en colocar como candidatos a sujetos mediocres o de dudosa reputación por cumplir con cuotas entre sus grupos.
- La desaparición de los diputados plurinominales y un mayor control sobre las remuneraciones de los integrantes de los Poderes del Estado y en general de la administración pública.
- Lograr la real disminución del financiamiento a los partidos –y el sistema electoral-, mejorando las condiciones de equidad, el control, la transparencia y subiendo el umbral de su representatividad.
- Incluir en la Constitución y alentar formas de participación ciudadana en toda la gestión pública, incluyendo la revocación de mandato.
En suma, ¿qué hacer?, en mi caso, ir a votar, en primer lugar. No se trata de incluirse en un movimiento apolítico que promueva la abstención o la apatía –eso le hace daño al forjamiento de una cultura política basada en principio y prácticas democráticas donde el debate y el acuerdo puedan darse de cara a la sociedad. Se trata entonces de alentar la participación crítica de los ciudadanos y sacudir al sistema político para que los gobernantes volteen a ver a los ciudadanos y no sólo a los dueños del capital.
Vote libre y de acuerdo a sus convicciones partidarias –no venda su voto-, pero si no le convencen los partidos actuales ni sus candidatos en su distrito y si está cansado de un sistema político que no respeta el voto –aunque hoy se cuente, aún no cuenta- y que su valor no alcanza para cambiar nada de lo que a usted realmente le importa y si está harto del comportamiento arrogante de nuestros gobernantes -que no saben lo que es servir al pueblo-, entonces vote por un candidato ciudadano o anule su voto. Eso también es querer hacer algo por México y vamos a ver cuántos, como usted y yo se suman a ese malestar. Quizá, le quitaremos un voto a la opción política de nuestra preferencia histórica –pero no lo necesitan, ellos se han encargado de dividirse y saben que el sistema, aún así, los premiará con un solo voto que obtengan, pero esta vez no será con el mío.
