A fines de los noventa, una película denominada “Escándalo en la Casa Blanca” (Wag the dog, 1997), con Robert De Niro y Dustin Hoffman, irrumpió en las pantallas de cine con una trama sugerente que hoy nos parecería común: la manipulación mediática de la política.
Hay una elección en Estados Unidos y el Presidente, que quiere reelegirse, se ve envuelto en un escándalo sexual. Para distraer la atención pública sobre el problema –y que no interfiera en las intenciones políticas del mandatario-, se contrata urgentemente a un “asesor de imagen”, un especialista en marketing político (Robert De Niro), con el propósito de que diseñe una estrategia que evite que los medios de comunicación y la oposición se concentren, durante lo que resta de la campaña, en el conflicto en el que está metido el Ejecutivo y lo hace vulnerable frente al electorado.
Así, a ese “asesor” se le ocurre inventar una guerra y cambiar la agenda política, la de los medios de comunicación y la electoral: todos tenían que hacer una pausa obligada y cerrar filas con el Presidente para enfrentar la guerra; el que no lo hiciera pecaba de antinacionalista, de antipatriótico. La disyuntiva estaba clara: o se estaba con el Presidente o contra la Nación. El chiste era aguantar la farsa hasta que pasara el día de la votación –ahí se ve la capacidad conspirativa, tanto del “asesor de imagen” como del director creativo (Dustin Hoffman), contratado para dar “imagen” creíble a la guerra y prolongar el drama hasta pasadas las elecciones. Obviamente, en la película, el Presidente ganó la elección y se reeligió.
No sé porqué, ahora que Antonio Solá, “asesor de imagen”, especialista en marketing político –creador de la frase “López Obrador, un peligro para México”-, ha reaparecido en el escenario de la política mexicana, asesorando a un partido, he recordado esa película. Los hechos recientes, en Michoacán, lo evocan.
La versión mexicana de la película me la imagino así: un pueblo desesperado porque le prometieron empleos y bienestar que no llega; una sociedad agraviada porque ni siquiera la seguridad a la que tiene derecho se le puede garantizar por parte del Estado –cualquiera que sea su nivel-, porque su voz y los espacios políticos han sido copados por partidos que sólo representan intereses facciosos. Un pueblo indignado porque la clase política está lejana a sus necesidades y está al servicio de los más poderosos; enojado porque su voto no cuenta para cambiar las cosas.
En esas condiciones se enfrenta un proceso electoral clave para definir la correlación y las alianzas políticas para el 2012, así como para sacar adelante la agenda económica de los que realmente manejan este país –se está reeditando el 1991 de la era salinista, donde con ardides ilegales se tuvo un Congreso a modo para sacar, al vapor y sin consenso real, las “reformas” que aún hoy tienen efectos negativos en la sociedad mexicana: la desigualdad, la exclusión, la corrupción, la impunidad y el crecimiento del crimen organizado –que tienen sus asientos en esa época.
Como el partido en el gobierno no era favorecido en las encuestas y debatir sobre el desempleo y la crisis de la economía desnuda el fracaso de las políticas instrumentadas en este país por quienes lo han dirigido –sin importar la alternancia porque los cambios de “chaqueta política” son frecuentes y mero pragmatismo-, y ellos están obstinados en seguir manteniendo sus privilegios, entonces la agenda político-electoral tenía que desviarse de la economía y el empleo para centrar su atención en otro tema: la seguridad.
Se necesitaba entonces de un asesor que instrumentara la estrategia: al “Presidente (fallido) del Empleo”, había que convertirlo ahora en “Presidente de la Seguridad”. El terreno estaba abonado. Todos los días, en muchas localidades del país, pero en particular en Michoacán, los habitantes han sido testigos del crecimiento de bandas delictivas que no sólo controlan el territorio donde siembran o procesan drogas, sino la mismísima seguridad: venden protección a negocios, monopolizan la piratería y otras actividades ilegales –incluso imponen su “moral”.
Es cierto que han amenazado a presidencias municipales si no acceden a sus peticiones –poner a incondicionales en los mandos policiacos, por ejemplo, para protegerlos de redadas de militares o AFIs, entre otras- con el argumento de que no les incumben los delitos de orden federal. Además, el equipamiento y el número de efectivos municipales nada tiene que hacer frente a ex policías, ex militares y jóvenes sin alternativa de chamba, reclutados, entrenados y armados potentemente por el crimen organizado –llámese La Familia o Zetas. Ante ese panorama, los presidentes municipales o “colaboran” o se fajan y se arriesgan a perder la vida –o la de sus familias. Qué esperanza que la federación los apoye.
En esas condiciones, alentar el rumor y el malestar social por la inacción, omisión e ineficacia, y a veces complicidad, de todos los niveles de gobierno –con el pretexto que sea-, era y es muy fácil, más en una coyuntura político-electoral, que enfrentar efectivamente a los narcos.
El operativo mediático reciente en Michoacán contra La Familia sólo se puede entender en esa estrategia político-electoral, independientemente de las formas que no se guardaron y deben ser premisa de una relación entre niveles de gobierno en un sistema federal –ese es otro debate. Se trató, pues, de generar una opinión pública calculada, favorable a “la guerra” contra el narcotráfico, y los medios de comunicación cumplieron su papel en la construcción de esa “realidad política” –la percepción de los ciudadanos frente a la seguridad estaba dada.
Para que tuviera efecto político sólo se tenía que acompañar el operativo con tres ingredientes.
El primero, una campaña propagandística del partido del Presidente, centrada fuertemente en la guerra contra el narcotráfico con un mensaje claro: el que no está a favor del Presidente y su partido, está en contra de la lucha contra el narcotráfico; por tanto, el pasado, los demás partidos y sus gobiernos son cómplices o culpables de su crecimiento -como si el sexenio perdido de Fox no hubiera existido.
Dos, en el operativo había que involucrar a presidentes municipales de todos los partidos para que se sintiera que se actúa “sin distingos” –como si las influencias no existieran en este país; lástima del asunto de la guardería en Hermosillo porque, de alguna manera, pega en la percepción de la “pureza” de este gobierno con el involucramiento de una parienta de la esposa del Presidente entre los dueños de la misma, donde la subrogación del IMSS deja muchas dudas. Pero sobre todo, había que alimentar la culpabilidad de los detenidos para que la opinión pública viera positivamente el operativo. Las descalificaciones primeras del operativo, por parte del gobierno estatal, eran como un bumerang que se revertían en su contra ante la desconfianza ciudadana que pesa frente a los gobernantes –y la percepción real frente al flagelo ante el que se ha hecho muy poco. Ello también estaba calculado.
Tres, aventar al líder del partido en el poder avalando el operativo, apoyando al Presidente y exigiendo al Ejecutivo estatal su “incondicional” colaboración, sugiriendo la desconfianza “natural” que se debía tener para informarle antes de la instrumentación del mismo –de coordinarse, ni pensarlo. El objetivo era, otra vez, generar la percepción del que no está con el Presidente, es cómplice del crimen organizado. El costo político del operativo se endosó al gobierno estatal y su partido –la fuga de presos de Zacatecas también aportó-, pero también, si sabe contar, se le cobró al partido que aportó más alcaldes arraigados y tiene mayor fama de corrupto.
El resultado mediático ya tiene efectos y se verán el 5 de julio: el partido en el poder aumentó sus preferencias en las encuestas. La opinión pública –forjada por los medios más poderosos- no reparó en condenar a los “indiciados” –ahora arraigados, casualmente, por 40 días, despuesito de que pasen las elecciones. La opinión pública construida se ha encargado de ser contundente: el Ejecutivo no se hubiera aventado un boleto de esa envergadura si no tuviera las pruebas suficientes –si así fuera, uno ingenuamente pregunta, ¿para qué entonces el arraigo?-. Ahora sabemos que el operativo se basó en la declaración de dos testigos protegidos y una lista en Excel que los medios calificaron de “narco-nómina” –una columna de nombres y otra de cantidades que debemos suponer era la cantidad que se daba a cada persona enlistada por la “protección” a La Familia.
A diferencia del asunto de la influenza -donde la opinión pública no le fue del todo favorable al Ejecutivo por su manera de manejar la crisis-, en este tema, dado el malestar y la percepción social, el Ejecutivo se anotó un hit y hoy en las campañas, ante una oposición acorralada, ni quien se acuerde de la crisis económica y el desempleo; no es tema central de las campañas. A fin de cuentas, nos vuelve a mentir el gobierno: “la crisis nos viene de afuera”, nos han dicho en la propaganda oficial –omitiendo que es el modelo económico por el que han apostado los gobiernos de los últimos 25 años el que nos ha llevado a la ruina y, por cierto, al crecimiento de la migración, la economía informal y la delincuencia.
En suma, el impacto mediático ha logrado su objetivo político, si alguien piensa que realmente el operativo va a fondo tendrá que esperar para ver la liberación –y “el usted disculpe”-, de la mayoría de los indiciados, sin pruebas contundentes, después del proceso electoral, claro. Entonces ni los medios ni la opinión pública se acordarán de los alcaldes y funcionarios arraigados; si acaso, aparecerán en la penúltima página de un diario –no en la primera, como sucedió en su detención. Lo peor de todo es que el ciudadano común se tendrá que contentar con ese conato mediático de lo que pasó porque nadie, en las esferas políticas, está pensando realmente en la gente. O sea, su realidad no cambiará, no por lo pronto. Eso es lo más triste del asunto. Y luego se enojan del porqué de la campaña del voto nulo.
