A fines de marzo, eL 26 y 27, se realizó en Morelia el sexto “Foro Internacional sobre Gobernabilidad y Desarrollo Democrático” organizado por varios patrocinios de dentro y fuera del país, pero especialmente protagonizado por el Instituto de Administración Pública de Michoacán. Esta ocasión el tema que vertebró el encuentro fue la democracia participativa. Dentro de la participación de los conferencistas extranjeros destacaron cinco, en particular: la del doctor Mauricio Iranzo Tacoronte, de Venezuela, (Unidad de Investigación en Desarrollo Regional y Local), la Willan Masdeu, de Uruguay (Director de la Unidad de Planificación de la Intendencia Municipal de Montevideo), la del doctor Héctor Poggiese, de Argentina (Coordinador del Programa de Planificación Participativa y Gestión Asociada, de Flacso), Carolina Muñoz Rojas, de Chile (Consultora en Gestión Pública y colaboradora del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile) y María Gabriela Matos Mosquera, de Venezuela (profesora de la Universidad Bolivariana).
Destacaron estas ponencias por una razón fundamental, hablaron de modalidades de la democracia participativa, de acuerdo a sus experiencias locales y nada tuvieron que ver con mecanismos de la democracia directa, tales como el referéndum, el plebiscito y la iniciativa popular –que para uno de los invitados, el argentino Héctor Poggiese, están mal llamados así, porque, según su dicho, de todas maneras la participación está mediada por un proceso electoral: por el sufragio ciudadano. Su argumento se basa en que muy al principio del origen de la democracia, los asuntos públicos se votaban en la plaza, acompañados de la consecuente deliberación y el voto directo, a mano alzada o por aclamación, de los ciudadanos. Esa es, para él, la democracia directa y, como es obvio, hoy con el crecimiento y la complejidad de las ciudades, eso es imposible; por eso se creó el sistema democrático representativo. Poggiese les llama al referéndum y el plebiscito, entonces, mecanismos de “democracia indirecta” que complementan el sistema político de representación.
Cada uno de los ponentes extranjeros citados expuso casos donde los ciudadanos tienen espacios institucionales para la participación con objeto de decidir sobre cuestiones que hacen a su vida cotidiana, en su territorio, en sus colonias –en sus cuadras-, al control del desempeño de funcionarios o dependencias que administran servicios públicos, a la gestión de políticas públicas o, como en el caso de Uruguay, en la vivencia exitosa que se tiene sobre varios aspectos de la planeación regional y en especial sobre presupuesto participativo.
Lo importante de quienes tuvimos la oportunidad de escuchar las experiencias fue atestiguar cómo los respectivos gobiernos sudamericanos no tienen miedo a la participación ciudadana y, al contrario, la alientan desde las instituciones. Todas las naciones del cono sur cuentan con mecanismos de democracia directa en sus legislaciones -al menos de referéndum, plebiscito e iniciativa popular-, desde hace muchos años. Ellos están viendo para adelante y ya están desarrollando otras formas de participación que fortalezcan la eficacia y la legitimidad de sus gestiones, o sea la gobernabilidad democrática; ellos saben que la participación no debilita el sistema político de representación sino que lo hace más cercano al pueblo, a sus necesidades y lo obliga a rendirle cuentas.
Países hoy calificados por la derecha política como populistas -Bolivia o Venezuela, por ejemplo-, practican el referéndum, el plebiscito y la iniciativa popular, incluso la revocación de mandato, sin ningún trauma –esos gobiernos, por polémicos que sean, tienen más vida democrática que nosotros: respetan el voto ciudadano, no tienen problema con la organización de las elecciones y constantemente están refrendando su mandato a través del sufragio y el escrutinio ciudadano. Hasta dictaduras, como la de Pinochet, han tenido que respetar y usar esos mecanismos para legitimar su gobierno –no olvidemos que un plebiscito quitó a Pinochet del poder.
El asunto es que dentro de los asistentes al Foro, más allá de la inauguración, hubo muy pocos miembros de la clase política, ningún diputado local y menos de las dirigencias de los partidos –salvo al final que fueron protagonistas de una de las mesas. En el Congreso estatal existen siete iniciativas de ley sobre participación ciudadana y si realmente les interesara el tema, su asistencia, les hubiera permitido abrir su visión, tener contacto con personas que tienen experiencias directas sobre el tema y así podrían acabar con sus prejuicios y tener mejores argumentos para defender sus posiciones; hubieran podido, al menos, resolver algunas de sus dudas sobre la democracia participativa o tener más precisas las cuestiones a resolver –por ejemplo, la politización que la participación ciudadana genera cuando la gente se “empodera” realmente o cuando los partidos ven que pueden sacar ventajas de la misma, pero hay que escuchar cómo lo viven y lo resuelven en cada lugar.
Es una lástima que ese tipo de encuentros y temáticas no lo aprovechen quienes tendrían más responsabilidad para prepararse y sacar lecciones de los mismos; hubieran podido, escuchar, por ejemplo, cómo más de la mitad de los estados del país ya cuentan con leyes de participación ciudadana.
Y tan fue así que cuando tocó el turno de escuchar a los representantes estatales de los partidos políticos principales, después de haber presenciado la riqueza y las bondades de las experiencias internacionales – incluyendo la del Alcalde de Valladolid, que es emanado del Partido Popular, y algunas locales, en Jalisco y DF-, la verdad es que daba pena ajena, generando más preocupación que esperanza a que el tema pueda ser abordado con apertura democrática, madurez y responsabilidad por las fracciones parlamentarias del Congreso local. Lejos, muy lejos quedaron nuestros representantes partidarios de entender lo que significa la democracia participativa.
Uno de ellos calificó la democracia participativa como un cliché, como una moda. Otro mostró sus dudas sobre si los michoacanos estamos preparados para ella y explicitó su temor a que la participación ciudadana se preste a abusos y manipulaciones –para eso, para dar cauce a la participación, existen los partidos que están abiertos, además está claro, para él, que si los ciudadanos no participan votando en las elecciones, menos lo harán en los referéndum y plebiscitos- y otro más, habló de la historia de la democracia tratando de enfatizar su naturaleza participativa, pero no pasó de ahí.
Todos ellos tuvieron en mente y aludieron, de manera central, a los mecanismos de democracia directa -a los que les temen por quitarles interlocución-, debido a que están contemplados en nuestra Constitución en espera de la ley reglamentaria, pero ni remotamente pensaron en que la participación ciudadana es más que eso, más que unas elecciones o una candidatura independiente; que existen en la vida diaria, en nuestra cultura, como un bagaje de participación que no pide permiso para ser. Claro, como buenos políticos, dijeron al final, a pesar de sus exposiciones, estar dispuestos a debatir y acordar el tema en el Congreso.
Está claro que muchos de los temores que despierta el tema de la participación ciudadana en los partidos y en algunos diputados, es derivado de tres cosas: la falta de información, la ausencia de un diagnóstico correcto de nuestro sistema político de representación –por qué no votan los ciudadanos por sus diputados, por ejemplo, que no tiene nada que ver con si les interesa participar para que le pongan agua o un área verde en su colonia o le garanticen seguridad; hace mucho que los diputados no se ocupan de eso- y la carencia de un verdadero compromiso con la democracia. Tendrían que leer el último número de la revista Nexos para saber por qué la ciudadanía está cansada de votar en las elecciones y de un sistema de representación que no la representa; en Estados Unidos para hacer más atractivo el sufragar, el día de las votaciones no sólo se incluyen las boletas de los cargos a elegir sino una serie de temas en los que los ciudadanos son tomados en cuenta en modalidades plebiscitarias.
El tema a abordar, para entender que la democracia participativa no es una moda ni una amenaza al sistema de representación, ni busca su debilitamiento –es una necesidad contemporánea para su reforzamiento-, tiene que ver con la legitimidad.
Antes, la legalidad de una elección daba la legitimidad. Hoy ya no es así y no es suficiente –más en una sociedad que ni siquiera ha resuelto de manera satisfactoria la equidad y credibilidad en sus procesos electorales-, no sólo por el abstencionismo, no sólo por el alejamiento de los políticos de las necesidades sociales, sino por que estamos inmersos en una lógica económica global donde poderes que los ciudadanos no eligen, deciden las estrategias que hacen a su futuro y al de toda la humanidad. Para eso, para hacer Estados-nación fuertes democráticamente, para tener representantes populares y gobernantes que respondan a las demandas de sus pueblos y no de los grandes capitales, se requiere avanzar en la democracia participativa, en la gobernanza.
No se trata pues de pensar que la “política” es un asunto de los políticos y la “administración pública” es un asunto de los técnicos, de los expertos, y que es peligroso “democratizar” todo porque la ciudadanía es ignorante y abusiva; se trata de algo más sencillo: la política no es propiedad de los políticos y la gestión pública no debe hacerse a espaldas y a la contra de la población. Así que pensemos entonces cómo hacer para que la participación ciudadana, que ya se da en otras partes del mundo y del país, pueda concretarse en Michoacán, como un derecho más de los hombres y mujeres de cualquier comunidad y que, sin tener miedo, los gobernantes aprendan a informar, a transparentar, a persuadir, a deliberar, a consultar y rendir cuentas, como formas de legitimar y eficientar su representación y gestión. ¿Es tan difícil de entender?
