El Instituto Federal Electoral (IFE) sigue dando de que hablar en su incapacidad para mandar un mensaje claro y consistente a la sociedad en su relación con las principales televisoras del país. Sabíamos que la llevada a la práctica de la nueva ley electoral representaba todo un reto para su aplicación cabal y que existían muchos vacíos que había que llenar en lo que hace a los criterios para regular con eficacia y eficiencia su nueva responsabilidad de manejar los tiempos del Estado para la publicidad política e institucional -de carácter electoral-, en radio y televisión.
A la falta de lineamientos que puedan aplicarse con certeza y objetividad, habría que añadirle la franca rebeldía e inconformidad manifiesta por Televisa y Tv Azteca frente a las nuevas disposiciones legales, que les ha afectado en las ganancias que les dejaban las coyunturas electorales. Se calcula que, antes de la reforma electoral, el 80% de los gastos de una campaña política se destinaban a la radio y televisión, lo que significaba una erogación, más o menos, de 5 mil millones de pesos. La mayoría de ese dinero iba a parar a las arcas de las empresas de las televisoras mencionadas.
Recordemos que la campaña de desinformación y desprestigio de la reforma electoral, ante la opinión pública, empezó con dos señalamientos, de parte de los principales voceros y “líderes de opinión” de las televisoras principales y algunas empresas de radio, en cuanto a que no los habían tomado en cuenta para los cambios legales –en eso tenían razón porque no consultaron, los legisladores, a la sociedad - y que la misma era violatoria de la libertad de expresión. Después de esos reproches, se pasó a no cumplir las pautas ordenadas por el IFE y, una vez que empezó oficialmente el proceso electoral, a boicotear los mensajes a través de una estrategia considerada “atípica” por el Consejo General del órgano electoral. Esa conducta “atípica” consistía en la interrupción arbitraria de programas de alto rating –novelas y eventos deportivos, incluyendo el Super Bowl- para, después de advertir con una leyenda en la pantalla de la televisión que la interrupción era obligada por el IFE y en acatamiento a la ley electoral, se pasaran una batería de spots políticos, por varios minutos, y al final de ellos se anunciara que se volvía a “la programación normal”.
Obviamente la reacción de la audiencia fue de animadversión, de rechazo inmediato a los anuncios políticos –eran y son poco atractivos- y la forma de transmitirlos. Las televisoras habían logrado su cometido: poner a la sociedad en contra del árbitro electoral y de la nueva ley, al interpretar que así sería en el futuro y peor, porque aún no empezaba el proceso electoral y ya se amenazaba con bombardear la programación televisiva y radial con cerca de 24 millones de spots. En la pugna inicial, en el primer round, por la falta de una percepción positiva de una reforma que quería acabar con la inequidad y la influencia de los poderes fácticos –que la sociedad no elige- en los procesos comiciales, la autoridad electoral salió golpeada. Y salió más golpeada cuando se anunció que el presupuesto del IFE sería similar al gastado en la elección del 2006 –alrededor de 12 mil millones de pesos- , cuando la de este año sólo es una elección intermedia. Y estuvo a punto del nocaut cuando se publicitó que los Consejeros Electorales quieren cobrar remuneraciones superiores a los 300 mil pesos mensuales, asunto al que se le metió reversa.
Claro está que nadie en los medios electrónicos explica –o explica a medias- que el monitoreo que ahora tiene que aplicar el IFE para vigilar que los spots políticos, pautados por la autoridad electoral, sean los únicos que se pasen en radio y televisión y eso ha significado un costo adicional de tecnología y operación que no se tenía contemplado. El IFE ahora tiene un padrón completo de televisoras y estaciones de radio en todo el país y les da seguimiento todo el tiempo –a pesar de que los anuncios deben pasarse de las seis de la mañana a las doce de la noche. Y que, sin embargo, sí se disminuye la cantidad de recursos que ahora se darán a los partidos para que sus candidatos hagan sus campañas políticas.
El asunto es que a los Consejeros Electorales no les ha caído el veinte de que hoy todos sus actos son observados por los medios electrónicos y estarán prestos, los principales agoreros y mercenarios de los dueños de dichos medios, de evidenciar sus errores y titubeos, máxime que están aplicando, por primera vez una ley electoral compleja y que, indebidamente, le asignó al IFE tareas que son discutibles en cuanto a su viabilidad y las posibilidades reales de modificar conductas indeseables de los actores políticos y las autoridades de gobierno, a favor de procesos electorales más limpios, equitativos y respetuosos del voto.
El IFE tiene ahora atribuciones, que no era explícitas antes, para “ordenar la suspensión inmediata de cualquier propaganda política o electoral en radio y televisión que resulte violatoria” del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).
A este desafío hay que añadir el que hoy los Consejos Distritales también ya tiene facultades para decidir en sus plenos quejas de los partidos en materia de propaganda electoral, asunto que antes tenía que turnarse al Consejo General y terminaba resolviéndose, en muchos casos, de manera tardía y, a veces, al término de los procesos electorales. Sin embargo, los primeros pasos en la materia a nivel nacional, que por cierto se dieron en Michoacán, fueron adversos al IFE, pero, en este caso, al menos, ha servido para ir estableciendo criterios de decisión, para bien o para mal, al respecto.
En ese sentido, veamos los fallos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en dichos asuntos y analicemos sus implicaciones en la forma en que se han resuelto. Vayamos por parte.
Recordemos que en los distritos de Morelia, en especial el 8 (Poniente), el Partido Revolucionario Institucional (PRI), había presentado una queja sobre la propaganda en espectaculares del Partido Acción Nacional (PAN) que hace alusión a programas sociales del gobierno federal, en especial los que se refieren al programa de becas de Oportunidades, de estancias infantiles y el del seguro popular, como si se trataran de un logro del partido y no una acción de un gobierno sin colores políticos. La fundamentación del PRI era que se trataba de un adelanto de campaña y de que estaba prohibido utilizar los programas públicos para hacer campaña política –de hecho, en el nuevo Cofipe ya se prohíbe que se difundan en los medios, durante las campañas, toda la propaganda gubernamental sobre la obra pública.
El Consejo del Distrito 8 valoró fundada parcialmente la queja y dio 48 horas al PAN para retirar su propaganda de los espectaculares basada en los programas del gobierno federal –el consejo General del IFE avaló, también, en parte, la decisión del Consejo Distrital 8. El PAN se inconformó y el asunto llegó al TEPJF. Así, el 25 de febrero pasado, los magistrados electorales decidieron que los partidos tienen “libertad de expresión” y tiene derecho a difundir los programas sociales instrumentados por sus gobiernos.
Uno de los magistrados, dentro del pleno, al darse los argumentos a favor y en contra del dictamen presentado, puso el dedo en la llaga al señalar que a su juicio, en el caso concreto de los espectaculares citados, el PAN no debería hacer uso de propaganda con programas del gobierno. Su voto alertó sobre el riesgo de volver a identificar las tareas de gobierno con un solo partido político.
Sin embargo, el argumento mayoritario que dominó en los magistrados se basó en que, en su opinión, la prohibición atañe a los funcionarios públicos y no a los partidos políticos, por eso sólo los funcionarios pueden incurrir en responsabilidad, en caso de vulnerar lo dispuesto en la ley electoral. Los partidos caerían en ese supuesto sólo si actúan en complicidad con alguna autoridad para aprovecharse de los programas sociales. Asimismo, cometerían una falta si se aprovechan de información privilegiada –como el uso ilegal del padrón-, que tiene carácter confidencial, con el fin de usar programas públicos para propósitos electorales.
Lo importante de la resolución estriba, precisamente, en que ahora nunca se va a poder comprobar si los programas sociales los usan los partidos en contubernio con los gobiernos federal o estatal o municipal, haciendo nugatorio el propósito de frenar la propaganda de los gobiernos en tiempos electorales. Ahora, para difundir “sus logros” –o los del FMI-, reales o ficticios, y capitalizarlos políticamente, los gobernantes sólo deberán darle la vuelta y publicitarlos, con una buena estrategia mercadológica, a través del partido al que pertenecen.
Con esta resolución del TEPJF se echa para atrás la decisión del Consejo Distrital 8 (Morelia poniente) del IFE, pero se contribuye con su determinación a que en todo el país se vayan estableciendo criterios sobre la interpretación de la nueva ley electoral cubriendo, a través de “jurisprudencias”, los vacíos de la misma. Esa es la labor de los Consejeros Electorales y para eso está el TEPJF, para corregir cuando hay interpretaciones ambiguas o excedidas del marco legal.
La otra resolución del TEPJF, es del 11 de marzo pasado y se refiere, precisamente, a la revocación del acuerdo del Consejo General del IFE, donde resolvió no sancionar a Televisa por incumplir la obligación de transmitir la publicidad electoral en los términos pautados por el árbitro electoral –a Tv Azteca se le sancionó con poca más de 2 millones.
Recordemos que el 31 de enero y 1º de febrero, ya de este año, Televisa y Tv Azteca interrumpieron programas de alta audiencia y transmitieron en bloque anuncios de las instituciones electorales y los partidos poniendo una cortinilla que mencionaba al IFE como responsable de la transmisión y en cumplimiento a la ley electoral.
En principio el IFE propuso sancionar con 11 millones la rebeldía de las televisoras, 4 millones para Televisa y 7 millones a Tv Azteca. Finalmente el Consejo General, de manera lastimosamente dividido, temeroso y timorato, decidió sólo sancionar a Tv Azteca con poco más de 2 millones y con nada a Televisa –algún representante de algún partido ironizó y señaló que sólo faltó pedirles perdón-; el argumento para la condonación era que ya se había firmado un convenio con la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión en el que, ahora sí, ambas se comprometían a cumplir con la ley.
El acuerdo del Consejo General fue impugnado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el 26 de marzo el TEPJF afirmó públicamente que: “la interrupción del procedimiento sancionador en contra de dicha televisora, con el argumento de la firma de una acuerdo entre la autoridad electoral y la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), para normalizar la transmisión de los promocionales, es inválido, toda vez que un convenio de colaboración no debe suplir la investigación de la comisión de una probable falta” y, por tanto, debía entrarle al fondo del asunto.
Sin embargo, el Consejo General volvió a exonerar a Televisa con argumentos absurdos de varios Consejeros que volvieron a repetir discursos desgastados, oídos en el 2006, evitando actuar de manera oportuna contra conductas ilegales y berrinchudas de las televisoras –“nuestras facultades legales están limitadas, podemos pecar de no ser parejos, etc.”-., como si no tuvieran facultades y criterio para decidir; sólo trataron de justificar un comportamiento subordinado.
Obviamente lo único evidenciado es que hay consejeros que no actúan con independencia y tienen miedo de enfrentarse al poder de las televisoras. Eso ha
