Durante muchos años diversas agrupaciones políticas y sociales pugnaron por tener en México una verdadera democracia, empezando por contar con elecciones auténticas, donde el voto fuera efectivo y decidiera quiénes debieran gobernar y representar a sus ciudadanos, organizadas por una institución independiente del gobierno y los partidos. Fue hasta 1996, hace menos de 15 años, cuando el Instituto Federal Electoral (IFE) logró realmente obtener su autonomía a través de una reforma al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) –a pesar de que el IFE fue constituido en 1990.
Para empezar a construir una credibilidad de la que no gozaban los organismos electorales se concibió, con esa reforma, la figura ciudadana del Consejero Electoral. Antes, con la creación del IFE, existieron los “Consejeros Magistrados”, un tibio intento por involucrar personas ajenas a las disputas electorales, cargo ocupado sólo por abogados porque la materia electoral era considerada, por la clase política dominante, una especialidad en la que no todos los ciudadanos estaban preparados para “entender”. Como los requisitos solicitados para formar parte de ese cuerpo eran similares a los que se piden para los Magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se dispuso en la ley que la remuneración de los “Consejeros Magistrados”, seis en total, fuera equivalente al de los mismos. El presidente del IFE, en ese entonces, era el Secretario de Gobernación y los partidos, de acuerdo a su fuerza, tenían voz y voto en su Consejo General; obviamente dominaba en el control del organismo el partido en el poder.
Luego, en una reforma posterior, en 1994, se sustituyó al “Consejero Magistrado” por el “Consejero Ciudadano”, en el ánimo de involucrar a personas reconocidas socialmente, por su trayectoria independiente y honorabilidad, en la legitimación de los procesos electorales; o sea, se trataba, ahora sí, de “ciudadanizar” el control de las elecciones involucrando, en distintas etapas de los comicios federales, a ciudadanos que, junto con el gobierno y los partidos, iban a ser corresponsables de su desarrollo y desenlace. El IFE, de todas maneras, era dirigido por el gobierno ya que su titular era puesto por el Poder Ejecutivo, concretamente por la Secretaría de Gobernación. No obstante, el IFE, en su órgano de dirección, se integró, desde entonces, de tres partes: una parte operativa gubernamental, profesional, responsable realmente de organizar las elecciones, otra parte ciudadana, elegida por el Congreso de la Unión por mayoría calificada, que actuaba como una especie de contraloría social, y los partidos políticos y representantes del Congreso que tenían un peso ponderado en las decisiones estratégicas y operativas del IFE.
Sin embargo, la reforma electoral de 1996 ha sido, quizá con esta última del 2007, de las más importantes en la construcción de un organismo electoral autónomo que pudiera sacar adelante elecciones en condiciones de transparencia y equidad. En 1996 se cambió la denominación del “Consejero Ciudadano” por el de “Consejero Electoral”, no sólo en la idea de seguir alentando la ciudadanización del organismo electoral sino de promover su profesionalización. Con la reforma de ese año los Consejeros Electorales pasaron a ser 9, incluyendo su Presidente, electo por mayoría calificada en el Congreso de la Unión –o sea, ya no era puesto por el Ejecutivo- y se le quitó el voto, quedando la voz, a los partidos en el Consejo General siendo, ahora, que sólo los Consejeros Electorales pueden votar.
Es decir, que ya no sólo el control y la legitimidad de los procesos electorales están en manos ciudadanas sino que son auténticamente responsables de la organización, desarrollo y desenlace de los procesos electorales; con sus decisiones, los Consejeros, no sólo avalan el trabajo de la parte profesional del IFE –pueden, incluso, cambiar funcionarios-, cuidan el desempeño, apegado a la ley, de los partidos y gobernantes, que la competencia electoral se dé en condiciones de equidad, que la sociedad y los medios se involucren con su participación responsable y, además, pueden sancionar. Hoy los Consejeros Electorales, con su participación en el Consejo General –y los otros Consejeros Electorales locales y distritales-, son responsables de la organización autónoma y de la aplicación de la norma a lo largo de todas las etapas de un proceso electoral.
Por eso, porque se han aumentado las funciones y el protagonismo de los Consejeros Electorales, es muy importante contar con personas en ese cargo que tengan un alto perfil profesional, de reconocimiento social y de independencia de los partidos y si bien se requiere que gocen de un buen salario, se ha caído en la exageración de su remuneración y ello está llevando a causar un efecto inverso al que se quería lograr. En vez de autonomía se están forjando Consejeros Electorales “maiceados”, a modo de los partidos, del gobierno y los poderes fácticos -en especial, de los medios de comunicación-; con miedos a decidir y cumplir su responsabilidad, social y legal, porque están en juego su cargo, su status y una remuneración que seguramente, la mayoría de ellos –por provenir de la academia-, no volverán a tener en su vida.
Los salarios en la administración pública llegaron a deteriorarse con las crisis de los setenta. Después, con Salinas de Gortari, se justificó el aumento de las remuneraciones de los funcionarios a niveles exorbitantes –de las más altas del mundo-, con el pretexto de que había que igualarlas a las de la iniciativa privada porque si no, era imposible contar con profesionistas competentes: nadie de los “meros buenos” iba a querer trabajar en el gobierno. No sólo no llegaron los “meros buenos” –siguió el influyentismo- sino que se abrió, como nunca antes, otro campo más de corrupción y cooptación.
Ese espíritu contagió al IFE pero sólo a los niveles más altos –hacia abajo de la estructura y a nivel de los Consejos locales y distritales, es otra realidad. Se ha olvidado que la tarea pública está basada, primordialmente, en el servicio y el compromiso con la sociedad, o sea, el servicio público es más que un empleo y un salario –que deben ser estable y digno, respectivamente, como el de cualquier mexicano, pero de ninguna forma ajenos a la realidad de las mayorías y del país.
Lo malo es que los partidos, y sus representantes en el Congreso, han tratado de atacar el problema de manera convenenciera y a veces, rencorosa y no poniendo límites a las remuneraciones de todo el sector público –hay iniciativas al respecto, pero están congeladas. Una de esas “venganzas” fue intentando quitar la remuneración a los Consejeros en tiempos no electorales, lo cual es un error porque las tareas del IFE son permanentes y van más allá de organizar elecciones; están vinculadas a la promoción de una cultura política democrática.
Los Consejeros Electorales del IFE se han visto atacados últimamente, por la opinión pública, al querer aumentar su remuneración a cerca de 340 mil pesos mensuales, sin prestaciones, que es lo que gana un Ministro de la SCJN -aumento que representa más de un 45% de su salario actual, superior a 230 mil pesos, cantidad nada despreciable-. Legalmente tienen razón, eso dice la Constitución, pero moralmente no.
El IFE después de haber vivido sus mejores momentos de 1997 al 2003, fue renovado con un pecado original: su descarada partidización, en especial con la injerencia de Elba Esther Gordillo -que, además, generó desequilibrios políticos. Y no es que antes no hayan intervenido los partidos, a través de sus fracciones en el Congreso, en la conformación de la primera generación de Consejeros Electorales pero lo hicieron con un ánimo consensual muy distinto. A los partidos les interesaba, en un primer momento, contar con un órgano electoral confiable, con un árbitro imparcial y creíble, en primer lugar para ellos y luego para la sociedad. Así que seleccionaron personalidades académicas, la mayoría de ellas, con una amplia trayectoria social, con solvencia moral e intelectual y con capacidad para comportarse con autonomía frente a las presiones partidarias y gubernamentales –todos los Consejeros Electorales han sido elegidos mediante “cuotas” partidarias, sin embargo dependió en gran medida del compromiso personal para cumplir las funciones con independencia y, salvo situaciones excepcionales, casi nadie se comportó de manera facciosa.
Después del 2003, con la experiencia adquirida y al darse cuenta, los partidos, del “empoderamiento” de los Consejeros, de la parte ciudadana del IFE, buscaron poner personas, en esos cargos, más afines a sus ideologías dejando de lado el interés general y olvidando que la confianza en los comicios es un proceso en construcción –para algunos, la alternancia, en el 2000, era la prueba superada para decir que vivimos una “normalidad democrática”.
A la partidización siguió el marcaje personal a los Consejeros con el propósito de que su conducta se apegara, lo más posible, a los designios del partido que los habían propuesto y los que no, fueron amenazados para ser retirados de sus cargos a la primera que se pudiera. Así las reglas, con complacencia y complicidad, los partidos se hacen de la vista gorda a las canonjías que los Consejeros se dan, siempre y cuando los traten con “mesura” y que, a veces, compartan sus privilegios. En suma, la ciudadanización de los órganos electorales se está convirtiendo en una falacia, en un intento fallido, si no se defiende, desde la sociedad civil, estos espacios para que sean adjudicados, por las instancias correspondientes, con transparencia y se sanciona que los elegidos se comporten con autonomía, compromiso y honestidad.
