Un traje a la medida
Jaime López Martínez
Una ley estatal de educación altamente ideologizada es la que se cocina en la Cámara de Diputados. Entendible, que no justificable, habida cuenta que se enmarca en la estrategia que la disidencia magisterial, la auto la denominada “democrática”, ha echado a andar para asumir un control total no sólo de las políticas educativas, sino del poder público mismo.
En ese tenor es que tiene que entenderse y leerse dicha iniciativa, impulsada desde la anterior legislatura por Minerva Bautista y retomada en la actual por Raúl Morón, miembros –más, él- de la élite ideológica de esa corriente magisterial.
Esa estrategia “democrática” va mucho más allá del mero terreno educativo. En todo caso, éste es sólo un medio para alcanzar objetivos que se tienen, habrá que reconocerlo, bien precisos, bien calendarizados:
Primero.- Reclutar a los grupos inconformes del sindicato “oficial”, para organizar uno paralelo de tal fuerza que, en los hechos, ha suplantado a aquél. Estados como Michoacán y Oaxaca, más algunas secciones de la capital del país, fueron la punta de lanza. Punto cumplido.
Segundo.- Asumir el control, irremediablemente por la fuerza y el terror, de las secretarías de Educación en esos estados, haciendo a un lado a las secciones “oficiales” del SNTE. Obligar a los gobernadores y secretarios de Educación, a entregar posiciones de jefes de departamento, directores y subsecretarios para colocar estratégicamente a gente afín. Punto cumplido.
Tercero.- De plano, dar el salto y apropiarse por entero de la secretaría de Educación, arrancándole al gobernador la posición misma del titular, para disponer a plenitud de la definición de programas, otorgamiento de plazas y, sobre todo, de los vastísimos recursos presupuestarios de la dependencia. En Michoacán, el gobernador ha cedido la plaza y entregó en bandeja al sindicato “democrático” la SEE en pleno, con todo y titular. Que Artemio Ortíz y los suyos se nieguen a aceptar a Aída Sagrero no es sino una mera disputa interna por el poder, pero es claro que el objetivo general se sigue cumpliendo. Punto resuelto, pues.
Cuarto.- Bien posicionado en su sector génesis, comenzar a tejer redes con otros sindicatos, dando forma a agrupaciones laborales de mucho mayor alcance. Así, nació la Asociación de Trabajadores de Michoacán. Eso sí, la disidencia magisterial debe ir a la cabeza. Así, su radio de acción e influencia crece de manera notable, porque lo mismo se chantajea con asuntos meramente educativos, que con los del transporte, de vivienda popular, de empresas telefónicas y de otro tipo de sindicatos enteramente discordantes. Punto cumplido.
Quinto.- Ya con el sector educativo en el bolsillo, comenzar a incursionar en terrenos electorales y de poder civil: Juan Pérez obligó a Lázaro Cárdenas Batel a conseguirle una diputación federal regalada por el PRD nacional; Raúl Morón ha obtenido en poco tiempo dos curules locales para él y varias para los suyos, siendo, en la actual legislatura, el auténtico hombre fuerte, la mano que mece la cuna en la mayor parte de las decisiones que se toman en ella; Artemio Ortíz se ha adueñado ya del ayuntamiento de Tingambato, disponiendo quién sería el alcalde; presidentes municipales, síndicos y regidores ha obtenido el grupo, sobre todo a través del PRD, si bien el PRI y el PAN, éste en menor escala, no son totalmente ajenos a dicho fenómeno. Punto en proceso de cumplimiento.
Sexto.- Injerencia directa en el marco legal que rige la educación, para garantizar que la rectoría del sector pase del gobierno a “la sociedad civil”, que no es otra que los maestros, padres de familia, investigadores y líderes de opinión que la cúpula gremial considere convenientes. Punto en proceso de cumplimiento.
Séptimo.- Presionar para llegar a tener un gobernador. De entrada, por aparente afinidad política, vía el PRD, sino que eso quiera decir que el magisterio “democrático” no se aliaría con otro partido, sobre todo el PRI, si de alcanzar una posición de esa envergadura se trata. Morón trabaja incansablemente en este punto. Si no, al tiempo. Punto, pues, en ciernes, pero ya arrancado.
Ese plan se ha venido cumpliendo a cabalidad. Y específicamente lo que hace al punto seis, ya decía, tiene que entenderse en ese contexto y en esa lógica.
Implementar una nueva ley de educación para Michoacán francamente no tiene sentido. Todo el fundamento de la iniciativa está lleno de lugares comunes, de compromisos trillados…”tiene por objetivo cimentar las líneas y políticas educativas que estimulen el desarrollo social para garantizar el derecho de los michoacanos a la educación….será medio para la integración de las culturas nacionales y el desarrollo de sus tradiciones universalistas y democráticas….será una garantía para mantener la integridad, la independencia y la soberanía nacionales….para fomentar en el educando los valores institucionales y universales, así como para propiciar el pensamiento crítico y analítico…”
El artículo siete parece una broma de mal gusto: “es obligación del Estado impartir educación básica y medio superior de ¡alta calidad a todos sus habitantes!”.
Luego, el meollo: la ley, de aprobarse, contemplaría una serie de figuras sacadas de la manga pero que constituyen el medio idóneo para que “la sociedad civil” –léase “democráticos”- asuma la rectoría de la educación, como el Congreso Estatal Popular de Educación, la Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior y Capacitación para el Trabajo –ésta tendrá la ventaja de la facilidad para leerse por sus siglas: CEPPEMSyCT-, la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior, el Consejo Estatal Popular de Educación y los Consejos Populares de Educación.
Nótese que el término “popular” es el común denominador de estos consejos que, dice la ley y me explica en entrevista Raúl Morón, no tendrá por objetivo suplir a la autoridad, sino sólo ser un mero instrumento de coadyuvancia con ella, en el análisis de la problemática educativa y la “sugerencia” de medidas para superarla. Serán organismos conformados por la “sociedad civil” y la autoridad decidirá si acepta o no sus “planteamientos” y “propuestas”.
Supongamos que ya opera la ley. ¿Es que alguien supone que Artemio Ortíz no se apropiaría de esos consejos y designaría a gente de la “sociedad civil” que le cubra los intereses de su gremio?, ¿qué gobernante y, menos, secretario de educación, tendría los pantalones para decirle “no” a Ortíz cuando se haga de esos consejos? Y no sólo se adueñaría, sino los convertiría en los instrumentos de justificación “social” para todas las acciones de su movimiento. Así, por ejemplo, un paro de labores escolares, de esos que casi ni se conocen en Michoacán, sería de inmediato justificado por esos comités o, lo que es lo mismo, por la “sociedad”, evitando críticas y señalamientos en contra.
Luego entonces, la ley que se cocina en el Congreso del Estado es sólo un traje a la medida a la macro estrategia ideológica del magisterio “democrático”, sea que lleve por líder coyuntural a Ortíz, a Morón, a Pérez, a Sagrero, o a quien sea. Es cuanto.
