Ocultan resultados de auditoría a deuda pública de Michoacán

MORELIA, Mich., 8 de noviembre de 2011.- Celosamente se han ocultado en el Poder Legislativo local los resultados de la auditoría realizada a la deuda pública del gobierno del estado de Michoacán por parte de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), puesto que han pasado más de tres meses desde la fecha en la cual el pleno del Congreso del Estado debió haber tenido conocimiento de la misma. Después de una serie de desencuentros entre la 71 Legislatura y el Ejecutivo estatal, con motivo de la deuda de corto plazo que contrató el gobierno de Leonel Godoy Rangel sin notificar a la soberanía popular, el pleno del Congreso del Estado autorizó en el pasado mes de enero por mayoría la contratación de nuevas deudas públicas hasta por 4 mil 800 millones de pesos, no por los 5 mil 672 millones de pesos que inicialmente solicitó el mandatario estatal desde el mes de septiembre de 2010. Para ello, el Poder Legislativo puso varias condiciones, una de ellas, la realización de una auditoría a la deuda pública estatal y el fincamiento de responsabilidades a los funcionarios correspondientes, en caso de que se detectaran ilegalidades en la contratación de obligaciones de corto plazo y el manejo de las finanzas del estado. Así, a propuesta del diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Eduardo Sánchez Martínez, el 24 de febrero de este 2011 el pleno de la 71 Legislatura aprobó un punto de acuerdo parlamentario, incluso con el voto a favor de varios legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), mediante el cual se instruyó a la ASM para la realización de una auditoría al elevado endeudamiento público estatal, para lo cual se tendría un plazo de 90 días hábiles, al término de los cuales los resultados se harían públicos en sesión plenaria. El mencionado plazo concluyó desde finales del pasado mes de julio, y pese a la insistencia de este medio de comunicación en conocer los resultados de la investigación, los coordinadores parlamentarios de las diferentes fuerzas políticas han eludido los cuestionamientos respecto de la fecha en la cual la información se hará pública, lo que hace suponer que existe un acuerdo para postergar el momento hasta después de la jornada electoral del próximo 13 de noviembre. Apenas el pasado 5 de octubre, el mismo diputado Eduardo Sánchez reveló públicamente su intención de presentar un exhorto ante el pleno del Congreso del Estado con la intención de demandar que se hagan públicos los resultados de la mencionada auditoría, punto que pese a estar programado en la sesión plenaria posterior fue retirado en el último momento de la orden del día. El mismo día, el presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jaime Rodríguez López, reveló que apenas unos días antes llegó al Poder Legislativo un reporte de la ASM con datos preliminares, mismos que revelan que hay inconsistencias en el manejo y contratación de la deuda.Sin embargo, el dos veces diputado federal y por segunda vez diputado local adelantó que los datos no eran concluyentes, ya que el órgano técnico fiscalizador aseguró que tendría la información completa en el transcurso de los próximos 15 días, por lo cual se negó a abundar en los resultados de los que para entonces él ya tenía conocimiento. Días más tarde, el 17 de octubre, el coordinador del grupo parlamentario del PAN, Sergio Solís Suárez, dijo tener conocimiento de que el presidente de la Comisión Inspectora de la ASM, Alfredo Anaya Gudiño, del PRI, ya tenía para esa fecha un reporte parcial del mencionado órgano técnico, motivo por el cual la bancada panista solicitaría en cualquier momento que la información se hiciera del conocimiento del pleno del Congreso del Estado. A partir de entonces, han pasado nuevamente 22 días naturales y la 71 Legislatura local parece haberse confiado en que los representantes de los medios de comunicación se encuentran distraídos con las campañas electorales, lo que podría explicar que el tema no se haya vuelto a tocar públicamente a casi 3 meses y medio de que concluyó el plazo que el mismo Congreso del Estado se aprobó para ello.