Eligen jueces a Alejandro Rangel González como nuevo consejero del PJM
MORELIA, Mich., 18 de septiembre de 2011.-La Evaluación de Control y Confianza, como la aplicación inmediata de las sanciones en casos de resultados negativos son obligatorias “porque ahora la omisión es causal de sanción penal de 2 a 5 años de cárcel”, afirmó el Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública Margarito Rangel.Aseguró que las evaluaciones que se están realizando a los policías de Michoacán, tiene los primeros resultados con más de cien elementos dados de baja en los municipios de Hidalgo, Zitácuaro, Zamora y Lázaro Cárdenas. Margarito Rangel recordó que los funcionarios de primer nivel como son el Procurador de Justicia del Estado, el Secretario de Seguridad Pública, los subprocuradores, subsecretarios, coordinadores y directores, la evaluación se les hace en el Distrito Federal, mientras que a los policías estatales, ministeriales, custodios y de los municipios, la evaluación es en el Centro Estatal de Control y Confianza. Respecto al trabajo que en ese aspecto se ha realizado en Michoacán, el funcionario respondió que se tiene un avance del 35 por ciento de un universo aproximado a los 10 mil elementos. Estos están distribuidos en cinco mil en las policías municipales, dos mil 200 aproximadamente en la PEP, mil 200 de la Policía Ministerial y mil 700 custodios aproximadamente. El plazo para lograr la evaluación al cien por ciento de acuerdo a la ley, añadió el entrevistado, es hasta diciembre del 2012, por lo que consideró que el trabajo que se está realizando en Michoacán va en tiempo y forma. Explicó que ya se tienen los primeros resultados con elementos que han sido retirados del servicio y ejemplificó con plazas municipales como Ciudad Hidalgo, Zitácuaro, Uruapan, Zamora y Lázaro Cárdenas, donde ya se ha dado de baja por no pasar las evaluaciones de control y confianza, a más de un centenar de elementos. Estos, están siendo suplidos por policías de nuevo ingreso a los que de inmediato se les aplican los exámenes y de manera gradual se va avanzando con los de permanencia, resaltó. L a obligatoriedad a todos los mandos y personal operativo lo marca la disposición legal, que de no presentarse a los exámenes o no aplicar de forma inmediata las sanciones, se considera como omisión, con penalidad de 2 a 5 años de cárcel, mencionó el Secretario Ejecutivo.