Ofrece Alfonso continuidad en seguridad, turismo y servicios para Morelia
MORELIA, Mich., 7 de junio de 2011.- El gobierno de cualquiera de los tres niveles no puede ni debe ceder a presiones y chantajes de cualquier grupo u organización violenta que lo demande, porque para ello están el diálogo y el Estado de Derecho, sentenció el presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado, Juan Carlos Campos Ponce. Al reprobar la forma violenta y ofensiva en que se manifestaron este lunes 6 de junio presuntos pobladores de Cherán en la ciudad de Morelia, el también vicecoordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la 71 Legislatura señaló que el Ejecutivo estatal se equivoca al establecer una mesa de diálogo con los inconformes cuando éstos proseguían causando daños y molestias a terceros que nada tenían que ver con sus problemas. Juan Carlos Campos aseguró que parte del origen de estos problemas está en la falta de cumplimiento a una serie de compromisos por parte de los gobiernos federal y estatal con los pobladores de Cherán, a quienes se les ofreció que habría operativos contra la tala ilegal, vigilancia, rondines y muchas cosas más que no se han hecho. Sin embargo, también subrayó que al atender de manera preferencial a los manifestantes sin que éstos hayan accedido previamente a replegarse y a dejar libres a los ciudadanos que estuvieron ilegalmente privados de su libertad, se envía un mensaje equivocado a los michoacanos y a los grupos y organizaciones que existen en la entidad. En ese sentido, Campos Ponce señaló que ni el gobierno del estado, ni la Federación o los municipios, deben hacer creer a la ciudadanía que es mediante el chantaje, la presión y la violencia como serán atendidos y recibirán respuestas y soluciones a sus demandas, porque entonces todo mundo hará lo mismo. Para el diputado priísta, aunque no se justifica la forma agresiva y violenta en que se manifestaron los supuestos habitantes de Cherán, más allá de que se encuentren infiltrados por grupos magisteriales, de transportistas o partidistas, el Ejecutivo estatal no ha atendido oportunamente las demandas de varios sectores de la población y tampoco ha cumplido sus promesas, lo que habla mal de la operación política del gobierno del estado. A pesar de ello, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública también descalificó a los manifestantes, quienes mantuvieron ilegalmente privados de su libertad a decenas de ciudadanos, entre quienes se encontraban madres que debían ir por sus niños a las guarderías o escuelas, o incluso hasta menores de edad y representantes de los medios de comunicación que desafortunadamente se encontraban en el Palacio Legislativo en el momento de la toma violenta del inmueble.