Competitividad, en riesgo por Ley de Ciencia y Tecnología: Canacintra

MORELIA, Mich., 4 de enero de 2012.- La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) Delegación Morelia se opone de manera tajante a la aprobación en el pleno del Congreso del Estado del dictamen que contiene las adecuaciones hechas al decreto para crear la nueva Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Michoacán.Así lo afirmó, en entrevista telefónica, el presidente del organismo en la capital del estado, Sergio Alanís Rueda, quien señaló que el dictamen contiene dos aspectos fundamentales que de ser aprobados afectarían de manera importante a la entidad en materia de competitividad.En ese sentido, el ingeniero industrial con Maestría en Análisis y Gestión de la Innovación Tecnológica por la Universidad de Santiago Compostela, España, manifestó que definitivamente la Canacintra está muy inconforme con los procedimientos para la elaboración de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, porque nunca existió una verdadera consulta con el sector.Sin embargo, aunque admitió que las comisiones de Gobernación y de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado aceptaron la mayoría del gran cúmulo de observaciones hechas al decreto por el ejecutivo Estatal, Sergio Alanís señaló que hay dos puntos con los cuales la Cámara tiene una mayor inconformidad, por las afectaciones en materia de competitividad para el órgano rectos de la ciencia y la tecnología, así como para los emprendedores y para Michoacán en general.El primero de ellos es el contenido del artículo 26, en el cual se propone que el director general del nuevo Centro Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación (CECTI) deberá tener el grado académico de Doctor y preferentemente tener el reconocimiento vigente del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), lo que calificó como “altamente excluyente”, porque le resta posibilidades a la mayoría de la comunidad de investigadores que pudieran tener interés y perfil. “Además, el grado de Doctor y el reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadores exigen que el investigador esté activamente desarrollando investigación, cosa que no podría realizarse como director general en un puesto que exige tiempo completo, sin entrar al estudio de la posibilidad de estar viciada de ilegalidad al imponer un estándar donde sólo una pequeña porción de la sociedad podría acceder a él”, expresó.Por lo que se refiere al segundo punto, Alanís Rueda explicó que el tercer párrafo del artículo 61 del decreto establece la posibilidad de otorgar apoyos por parte del CECTI a empresas emprendedoras, pero también que en aquellos casos en que los proyectos sean exitosos y la explotación de la tecnología desarrollada produzca dividendos o regalías se considerará la recuperación total o parcial de los apoyos concedidos, de conformidad con los términos convenidos.Al respecto, el presidente de la Canacintra-Morelia aseveró que en primer término no se definen parámetros para la presentación de proyectos de desarrollo tecnológico, pero además, se inhibe la participación de empresas que recién se incorporen a los procesos referidos y no toma en cuenta que la recuperación no es de forma inmediata, sino que ésta resulta a largo plazo y no hay manera de medir dicha recuperación, además de que en todos los modelos a nivel nacional el gobierno comparte el riesgo con los emprendedores.Sergio Alanís lamentó la forma en la cual se trabajó la iniciativa de Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, y tras asegurar que no tiene nada personal contra el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Eduardo Sánchez Martínez, principal promotor del documento, consideró que “el gancho” con el cual se ha convencido a muchos de las bondades de la propuesta es con el establecimiento en la ley de una medida para que el 1 por ciento del presupuesto estatal se destine a ciencia, tecnología e innovación.En ese sentido, indicó que los temas presupuestales son más el producto del cabildeo entre los poderes Ejecutivo y Legislativo que un asunto de imponer topes en la ley, además de que aseguró que la Ley de Ciencia y Tecnología vigente es buena y habría bastado con una serie de ligeras modificaciones y con dotar de mayores recursos al sector para hacerla funcionar de mejor manera.